En un nuevo capítulo de tensiones en la zona fronteriza de Salta, el senador provincial Luis Altamirano alzó la voz en el Senado salteño para denunciar una situación alarmante en Mecoyita, un paraje del departamento de Santa Victoria Oeste, limítrofe con Bolivia.
Según el legislador, un grupo armado ejerce un control ilegal y violento sobre un paso ancestral utilizado históricamente por comunidades originarias que habitan a ambos lados de la frontera con el paraje boliviano de Mecoya. La gravedad del caso lo llevó a presentar una denuncia ante la Justicia Federal en Orán, exigiendo la intervención urgente del Ministerio Público Fiscal Federal para frenar los abusos.
Durante su intervención, Altamirano explicó que Mecoyita no es un paso fronterizo formal, sino un corredor natural y cultural que, por generaciones, ha sido un espacio de intercambio para los pueblos originarios, anterior incluso a la formación de los estados nacionales de Argentina y Bolivia. Sin embargo, este lugar, que debería ser símbolo de integración, se ha convertido en un foco de conflicto. Según la denuncia, un grupo organizado impone cobros arbitrarios por el ingreso y salida de vehículos, restringiendo la libre circulación, vulnerando derechos fundamentales y desafiando la soberanía argentina.
“Estamos ante un accionar violento e ilegítimo que no solo afecta a las comunidades locales, sino que representa un agravio al Estado argentino”, sentenció Altamirano, visiblemente indignado. El senador señaló la inacción de los gobiernos provincial y nacional, acusándolos de desatender un problema que pone en riesgo tanto la seguridad como la convivencia pacífica en la región. “No puede naturalizarse el conflicto ni el olvido institucional. La defensa de los derechos humanos y de nuestra soberanía territorial exige una respuesta inmediata”, enfatizó.
La situación en Mecoyita, según el legislador, ha sido ignorada por la agenda pública y mediática, lo que agrava la vulnerabilidad de las comunidades que dependen de este paso para su subsistencia y vínculos culturales. La denuncia de Altamirano pone en el centro del debate la necesidad de una acción coordinada para restablecer el orden, proteger a los habitantes de la zona y garantizar el respeto por un espacio que, más allá de las fronteras modernas, sigue siendo un puente vivo entre dos pueblos.
Mientras la Justicia Federal analiza la denuncia, la pregunta que resuena es clara: ¿hasta cuándo permitirá el Estado que un grupo ilegal controle un territorio que pertenece a todos los argentinos? La respuesta, por ahora, sigue pendiente.
