Las auditorías que inició la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) ante la actividad fraudulenta a gran escala detectada en pensiones por invalidez, que solo en 2024 habría causado un perjuicio de más de 1.000 millones de dólares a las arcas nacionales, desató denuncias en la comunidad de Los Toldos.
Pobladores de esa localidad fronteriza del norte salteño advirtieron en el listado de beneficiarios una gran cantidad de ciudadanos bolivianos que perciben la pensión no contributiva, sin residir en suelo argentino, como ordenan las normas vigentes.
"Aquí somos pocos y nos conocemos todos", aclaró uno de los vecinos de esa localidad, de 3.000 habitantes, tras precisar que el 20% de los beneficiarios que se presentaron en el centro de salud para mantener la pensión "ingresaron desde Bolivia y no residen en Los Toldos".
Otro poblador de esa localidad, cansado de denunciar que ciudadanos de Bolivia votan, gozan de derechos de ciudadanía y perciben beneficios sociales y previsionales con DNI argentinos otorgados en forma irregular, remarcó que "el listado de beneficiarios que hemos podido ver agrandó nuestra impotencia e indignación".
Vecinos de Los Toldos, que en elecciones anteriores se plantaron en el puente de La Mamora intentando evitar que ciudadanos del vecino país inclinaran las urnas con votos comprados al otro lado de la frontera, insistieron en la necesidad de que la investigación que lleva adelante la Justicia Federal de Salta por las irregularidades detectadas en el padrón electoral del hoy intervenido municipio de Aguas Blancas (Orán) se extienda también a Los Toldos (Santa Victoria). "Nuestro padrón electoral también espera que la paja sea separada del trigo", enfatizaron.
En una auditoría preliminar que la Andis realizó el año pasado sobre más de 1.800.000 pensiones no contributivas por invalidez, se detectaron anomalías escandalosas en los certificados únicos por discapacidad (CUD). A su vez, medidas de pruebas ordenadas en causas federales sacaron a relucir miles de beneficios irregulares en distintas provincias. Los casos denunciados en Los Toldos tienen una implicancia aún mayor, ya que aluden a documentos nacionales de identidad (DNI) en los que no solo las direcciones de supuesta residencia, sino también constancias con las que ciudadanos de Bolivia habrían sido asentados en distintas sedes del Registro Civil como nativos o naturalizados argentinos, serían irregulares.
Las pensiones no contributivas por invalidez ascienden actualmente a $207.537. Este mes, además, incluyen un bono de $70.000, que eleva el monto a $277.537.
El marco normativo establece que la incapacidad total y permanente del beneficiario debe ser acreditada con una evaluación médica y el correspondiente certificado de discapacidad. Otra condición es ser argentino nativo o naturalizado, residente en el país. Los naturalizados deberán acreditar una residencia continuada de por lo menos cinco años anteriores al pedido del beneficio mediante información sumaria realizada ante autoridades administrativas, judiciales o policiales. Los extranjeros deben acreditar una residencia mínima continuada en el país de 20 años.
Vecinos de Los Toldos denunciaron que ciudadanos bolivianos presentaron certificados de residencia viciados tanto en lo que respecta a la intervención de algunos lugareños que se prestaron como testigos, como por el mal desempeño de funcionarios administrativos y policiales. Es dable recordar que la falsificación de un instrumento público puede acarrear penas de uno a seis años de prisión. Esa falsedad, en estos casos, sería el sostén de una defraudación al Estado, delito con penas de 2 a 6 años de prisión.
Operativo conjunto
La directora nacional de Vigilancia de Fronteras, Virginia Cornejo solicitó a la Delegación de la Anses en Salta la realización de un operativo conjunto con la Dirección Nacional de Migraciones en Aguas Blancas, Los Toldos y Salvador Mazza para verificar la residencia legal en el país de solicitantes de prestaciones sociales.
En octubre de 2024, Cornejo expuso ante la Justicia Federal de Salta las graves irregularidades en el padrón electoral de Aguas Blancas por las que el Ejecutivo provincial promovió la extensión de la intervención de ese municipio hasta diciembre de 2027. En la nota girada a la Anses, la funcionaria afirmó que el operativo solicitado urge para "asegurar que quienes accedan a los beneficios de la seguridad social cumplan con los requisitos establecidos por la normativa vigente. El trabajo conjunto con Migraciones -el organismo que controla el ingreso y egreso de personas en los pasos fronterizos- resulta esencial para garantizar la legalidad y transparencia en el otorgamiento de estas prestaciones", sostuvo Cornejo, quien insistió en la urgencia de medidas para "prevenir el fraude documental y la indebida percepción de beneficios sociales".
