En un hecho que sacudió los pasillos de la Ciudad Judicial, Gustavo Lasi reapareció públicamente tras diez años de ostracismo absoluto. El único condenado a prisión perpetua por los asesinatos de las jóvenes Cassandre Bouvier y Houria Moumni ingresó esposado y custodiado al recinto del tribunal salteño. Su presencia se convirtió en la postal más impactante de una audiencia decisiva para la investigación que juzga las supuestas torturas y severidades cometidas por la Policía de Salta durante las actuaciones iniciales de 2011.
El traslado de Lasi se concretó en los minutos finales de la jornada procesal para que el tribunal le notificara formalmente la resolución de pasar a un cuarto intermedio. Junto al condenado, comparecieron otros denunciantes clave de la causa, entre ellos Francisco Ariel Tejada y Nelson Ricardo Vilte Laxi, mientras que Daniel Octavio Vilte Laxi estuvo ausente. La reaparición del principal responsable del trágico suceso ocurrido en la Quebrada de San Lorenzo volvió a encender las alarmas sobre las deudas pendientes del Poder Judicial local.
La audiencia, prevista originalmente para controlar las pruebas previas al debate oral, tomó un giro drástico cuando los abogados defensores interpusieron un pedido masivo de sobreseimiento para los 16 policías y expolicías imputados. La nómina de acusados incluye a Martín Alberto Flores Saravia, Rubén Ángel Aguirre, Juan Carlos Paz, Osvaldo René Guanca, Néstor Orlando Chilo, Diego Aguirre Guantay, Rodolfo López, Ricardo Hernán Tabacache, Miguel Bernardino Flores, Dante Eduardo Ceballos, Adrián José Quipilor, Carlos Villagrán Guerrero, Fabio José Litián, Héctor Adrián Vázquez y Rodrigo Emmanuel Bautista, con la sola ausencia del acusado Ferraoti.
El argumento central de la defensa radicó en la vulneración del plazo razonable de juzgamiento, conocido en el ámbito penal como la "pena de banquillo". Los letrados fundamentaron que el expediente lleva casi catorce años de tramitación continua, un tiempo desmedido que superó ampliamente los techos fijados por el Código Procesal Penal. Aseguraron que los uniformados estuvieron siempre a disposición de las autoridades sin entorpecer el accionar judicial, atribuyendo los constantes parates a inhibiciones, renuncia de magistrados y demoras burocráticas del propio Estado salteño. De acuerdo con las defensas, la parálisis provocó graves daños en el ascenso de las carreras policiales, los sueldos y la reputación de los involucrados.
En contraposición, el equipo de fiscales compuesto por María Luján Sodero Calvet, Daniel Espilocín y Pablo Paz rechazó de manera categórica el planteo de impunidad. La Fiscalía remarcó la enorme complejidad técnica de las actuaciones y recordó que un Tribunal de Impugnación ya había desestimado idénticos reclamos en instancias anteriores. Asimismo, los representantes del Ministerio Público Fiscal advirtieron que cortar el proceso por la mera inacción temporal sentaría un peligroso precedente y comprometería la responsabilidad internacional de la Argentina, considerando la investigación paralela que sostiene la justicia penal en Francia.
Frente al contrapunto entre querella, acusación e imputados, el tribunal colegiado encabezado por el juez Leonardo Fearns e integrado por los vocales Eduardo Sangari y María Gabriela González determinó un receso. La Oficina Judicial deberá fijar la fecha exacta en la que se dará a conocer la resolución definitiva sobre el futuro de la causa penal que envuelve uno de los capítulos más oscuros y controvertidos de la historia judicial salteña.
