El bloque del PRO lanzó duras críticas hacia la gestión nacional tras la inclusión de modificaciones presupuestarias que impactan de lleno en el esquema de prestaciones y pensiones no contributivas para personas con discapacidad. A través de un pronunciamiento oficial, la fuerza política que conduce Mauricio Macri advirtió que la búsqueda del equilibrio fiscal no puede ejecutarse a costa de la vulnerabilidad social, marcando una clara distancia respecto a las prioridades fijadas por el Ministerio de Economía en el proyecto de Presupuesto 2027.
La controversia se encendió cuando trascendieron los detalles de la iniciativa remitida al Congreso. El texto original contemplaba reajustes que encendieron las alarmas en las familias de los beneficiarios y en los prestadores de todo el país, quienes vienen sosteniendo un reclamo histórico por aranceles dignos y cobros en término. Desde el PRO señalaron con dureza que en la conducción de las políticas del área el Ejecutivo erró el camino, y subrayaron la necesidad imperiosa de tratar la temática como una verdadera política de Estado con previsión y responsabilidad, evitando decisiones unilaterales que atenten contra la contención de los sectores más desprotegidos.
El malestar también escaló en el ámbito legislativo, donde referentes parlamentarios del espacio manifestaron su disconformidad por la falta de debate previo sobre las medidas económicas estipuladas. Las críticas internas apuntaron a la falta de evaluación sobre los costos sociales de los recortes planificados por Hacienda. En esa línea, el partido amarillo remarcó su postura histórica de acompañar las reformas de fondo pero imponiendo límites firmes en temas sensibles, reafirmando que no firmarán cheques en blanco ni avalarán medidas que desamparen a las familias.
Ante la presión unificada de los sectores aliados en la Cámara de Diputados, las autoridades del Congreso debieron convocar a una mesa de trabajo urgente con representantes del PRO, el radicalismo y bancadas provinciales para recalibrar el articulado. En esa instancia de negociación, el oficialismo se vio obligado a ceder y corregir los puntos más controvertidos del proyecto para frenar un revés político mayor.
Entre los principales aspectos revisados en la nueva redacción, se logró acordar la actualización mensual por índice de inflación para las pensiones no contributivas por invalidez, una demanda clave para evitar la pérdida abrupta del poder adquisitivo. Asimismo, se ratificó la vigencia del nomenclador universal y el arancel unificado para las prestaciones asistenciales y médicas en todo el territorio nacional, garantizando reglas operativas parejas para el sector.
El nuevo texto contempla además un cambio de paradigma en materia de inclusión laboral: las pensiones pasarán a ser compatibles con el empleo formal registrado, siempre que los ingresos no superen la suma equivalente a dos Salarios Mínimos, Vitales y Móviles. Para impulsar la contratación en el sector privado, se incluyeron incentivos impositivos destinados a las empresas que incorporen trabajadores con discapacidad por tiempo indeterminado. De este modo, la discusión presupuestaria derivó en un reordenamiento forzado que busca dar previsibilidad al sistema de prestaciones en el país.
