En un operativo sin precedentes en la localidad salteña de Salvador Mazza, la Aduana Argentina, en conjunto con la Gendarmería Nacional, desarticuló una organización criminal dedicada al contrabando agravado de aceite de soja hacia Bolivia.
La Justicia Federal imputó a cuatro personas por exportar ilegalmente mercadería valuada en más de 2,4 millones de dólares entre 2022 y 2024. El líder de la banda, además, enfrenta cargos por tentativa de homicidio agravado tras disparar contra un comandante de Gendarmería durante un allanamiento.
La investigación, iniciada en enero de 2025 bajo la dirección del fiscal general Eduardo Villalba, de la Fiscalía de Distrito de Salta, reveló un sofisticado esquema de contrabando operado desde un inmueble conocido como “Don Ramón” en Salvador Mazza, hasta un predio fronterizo denominado “El Chorro”. Allí, los contrabandistas utilizaban mangueras para conectar camiones cisterna argentinos con vehículos en territorio boliviano, trasladando ilegalmente el aceite de soja. La maniobra más reciente involucró el traspaso de más de 30 toneladas de producto, respaldado por documentación falsa emitida por una empresa fantasma con sede en Santa Fe.
El viernes pasado, las autoridades sorprendieron a dos de los implicados in fraganti mientras realizaban una transferencia de aceite en la frontera. En simultáneo, otro miembro de la organización fue detenido en su domicilio. Sin embargo, el momento más tenso ocurrió durante el allanamiento al presunto líder, identificado como F.S.G. Este abrió fuego con una pistola 9 mm contra un comandante de Gendarmería, hiriéndolo en el antebrazo. El proyectil, que atravesó el brazo del oficial, quedó alojado en su chaleco antibalas, evitando una tragedia. Gracias a la rápida intervención de las fuerzas, el agresor fue reducido sin más incidentes.
El operativo, coordinado por la Dirección General de Aduanas y la Unidad de Reunión de Información de Gendarmería, fue presentado ante el juez federal de Garantías de Orán, Gustavo Montoya. Los fiscales Mariana Gamba Cremaschi y Jorge Viltes Monier detallaron que el perjuicio fiscal por derechos de exportación no abonados supera los 720.000 dólares, sin contar la afectación al sistema financiero por la falta de ingreso de divisas.
Los cuatro detenidos enfrentan cargos por contrabando de exportación agravado debido a la participación de múltiples personas, mientras que F.S.G. suma la acusación por tentativa de homicidio agravado por el uso de arma de fuego y por atacar a un funcionario público. El juez Montoya dictó la prisión preventiva para todos los implicados y autorizó nuevas medidas de investigación para profundizar en la red de contrabando.
Este golpe al crimen organizado en la frontera norte argentina pone en evidencia la complejidad de las operaciones ilícitas en la región y el compromiso de las autoridades para combatirlas. La investigación continúa, con la posibilidad de descubrir nuevos vínculos y maniobras de esta red delictiva.
