Un grave episodio de violencia familiar ocurrido en la ciudad de San Ramón de la Nueva Orán encendió las alarmas en el ámbito judicial y volvió a poner en foco el incumplimiento de medidas de protección dictadas por la Justicia. Un joven de 21 años fue imputado por amenazar con un arma a su propio abuelo y por desobedecer restricciones judiciales que le prohibían acercarse al domicilio y ejercer actos de violencia.
La imputación fue formulada de manera provisional por el fiscal penal 3 de Orán en feria, Carlos Alberto Salinas, quien acusó al joven como autor de los delitos de amenazas con arma y desobediencia judicial en concurso real, figuras contempladas en el Código Penal. Tras la audiencia correspondiente, desde la Fiscalía se solicitó que el acusado continúe detenido mientras avanza el proceso judicial.
De acuerdo a las actuaciones incorporadas a la causa, el hecho principal ocurrió el pasado 4 de enero, cuando el joven habría ingresado al domicilio de su abuelo portando un arma blanca. En ese contexto, y siempre según la denuncia, el acusado profirió amenazas directas contra la integridad física del adulto mayor, generando una situación de extrema tensión y temor dentro del ámbito familiar.
La gravedad del episodio se ve agravada por un dato central para la investigación: el joven se encontraba debidamente notificado de medidas cautelares vigentes que le prohibían acercarse a la vivienda de su abuelo y ejercer cualquier tipo de violencia. Pese a ello, habría desoído de manera consciente las disposiciones judiciales y se presentó en el domicilio, incumpliendo de forma directa la orden impuesta por la Justicia.
Lejos de tratarse de un hecho aislado, la situación tuvo una continuidad que reforzó la intervención penal. Al día siguiente del episodio con su abuelo, el acusado se presentó nuevamente y protagonizó un hecho violento con su propio hermano. Esta nueva situación derivó en la intervención policial y en su posterior demora, lo que permitió avanzar con la imputación formal.
Desde la Fiscalía se consideró que la conducta desplegada por el joven evidencia un claro desprecio por las normas judiciales y un riesgo concreto para las víctimas involucradas. En ese sentido, el pedido de detención busca garantizar el normal desarrollo del proceso y evitar nuevos episodios de violencia, especialmente teniendo en cuenta el vínculo familiar y la reiteración de las conductas denunciadas.
El caso generó preocupación en el ámbito local, ya queó que se trata de un hecho de violencia intrafamiliar que involucra a un adulto mayor, un sector especialmente vulnerable. En Orán, como en otras localidades del norte salteño, este tipo de situaciones pone en evidencia la complejidad de los conflictos familiares y la necesidad de que las medidas judiciales de protección sean efectivamente respetadas.
Las actuaciones judiciales detallan que el abuelo del acusado fue quien realizó la denuncia, aportando datos precisos sobre lo ocurrido y manifestando el temor que le generaron las amenazas recibidas. La presencia de un arma blanca durante el episodio fue un elemento clave para encuadrar la imputación por amenazas agravadas, dada la potencialidad de daño.
En el plano legal, el delito de amenazas con arma contempla penas más severas cuando el autor utiliza un elemento capaz de causar lesiones graves o la muerte, mientras que la desobediencia judicial sanciona el incumplimiento deliberado de órdenes emanadas de una autoridad competente. La combinación de ambas figuras en concurso real refleja la gravedad de la conducta atribuida al acusado.
