La Justicia de Salta investiga una presunta maniobra de estafa y extorsión dentro de la Policía provincial, a partir de la denuncia de una agente que aseguró haber entregado dinero para conseguir un traslado. La investigación ya derivó en allanamientos y detenciones, pero los investigadores buscan determinar si detrás del caso existe una estructura más amplia.
La causa está a cargo del fiscal de Rosario de Lerma, Daniel Escalante, quien intenta establecer cómo se produjo el supuesto cobro y quiénes participaron de la maniobra. El caso comenzó cuando una policía de la comisaría de San Jorge manifestó que una compañera le ofreció un contacto que supuestamente podía gestionar un cambio de destino dentro de la fuerza.
Según la denuncia, la agente recibió un número telefónico para comunicarse con una mujer identificada como “Sonia”. La presunta intermediaria le habría hecho creer que tenía vínculos suficientes para conseguir el traslado que buscaba.
El monto solicitado habría sido de $700.000. La denunciante realizó dos transferencias, una por $200.000 y otra por $500.000. Sin embargo, el dinero no habría terminado exclusivamente en la cuenta a la que fue enviado inicialmente.
El seguimiento de las operaciones bancarias y el análisis de las comunicaciones incorporadas a la causa permitieron a los investigadores detectar movimientos que vincularían parte de esos fondos con una cuenta perteneciente a una policía que quedó bajo investigación.
Ese elemento es considerado clave para intentar determinar cómo funcionaba la presunta maniobra y cuál habría sido el papel de cada uno de los involucrados.
En el expediente aparecen dos mujeres vinculadas a la misma dependencia policial de Rosario de Lerma y un hombre civil, señalado como oriundo de La Merced y relacionado con la operación investigada. La Justicia busca establecer si actuaban de manera coordinada y si existían otros participantes.
La investigación también incluyó el análisis de dispositivos electrónicos y registros digitales. Ese trabajo permitió reconstruir parte de las comunicaciones y movimientos que ahora forman parte de la causa.
El caso tomó otra dimensión cuando la denunciante afirmó que, después de entregar el dinero, comenzó a recibir presiones y habría sido víctima de una extorsión. Esa situación llevó a profundizar la investigación sobre el supuesto ofrecimiento del traslado y el destino final de los fondos.
Ahora, el fiscal deberá determinar si se trató de un hecho aislado o de una maniobra organizada que aprovechó vínculos dentro de la estructura policial para ofrecer un supuesto acceso privilegiado a los cambios de destino.
Además de la investigación penal, el caso podría tener consecuencias administrativas para los efectivos involucrados. La Policía de Salta deberá analizar la situación de las agentes mencionadas en el expediente mientras la Justicia avanza con la reconstrucción de los hechos.
Más allá del dinero entregado, la causa pone el foco en una cuestión sensible dentro de la fuerza: cómo una propuesta para conseguir un traslado a cambio de dinero pudo resultar creíble y avanzar hasta concretarse los pagos.
Por ahora, la investigación continúa abierta y busca determinar responsabilidades y el alcance real de la presunta maniobra.
