La Fiscalía Penal de Cafayate abrió una investigación tras detectarse posibles irregularidades en la organización de un evento privado en un área protegida de la región. El foco está puesto en un permiso que, según las autoridades, podría haber sido presentado como válido pero cuya autenticidad está en duda.
La causa comenzó luego de que circulara un documento que, de acuerdo con el Ministerio Público Fiscal, no habría sido emitido por el organismo ambiental competente. Ante esta situación, se dispuso la intervención de la Fiscalía para esclarecer si existió un delito vinculado a la presentación del permiso.
En paralelo, la Unidad Fiscal Contravencional evaluó la realización del evento sin la autorización administrativa exigida por la normativa vigente para áreas protegidas. Esta medida busca garantizar el cumplimiento de la legislación local y proteger el patrimonio ambiental de la provincia de Salta.
Las autoridades trabajan de manera coordinada para determinar responsabilidades tanto en el plano penal como contravencional. La investigación apunta a establecer si los organizadores actuaron con dolo o negligencia y a reforzar los controles sobre futuras actividades en zonas con restricciones ambientales.
Cafayate, reconocida por sus viñedos y paisajes protegidos, cuenta con regulaciones estrictas que prohíben eventos masivos sin autorización oficial. El incumplimiento de estas normas puede derivar en sanciones económicas y penales, según prevé la legislación provincial.
La investigación también busca prevenir daños al ecosistema local, en un área donde la flora y fauna autóctona se encuentran bajo protección especial. Las autoridades resaltan la importancia de respetar los procedimientos legales para garantizar la conservación ambiental y la seguridad de quienes participan de eventos en la región.
Se espera que en los próximos días la Fiscalía emita comunicados sobre avances de la causa y posibles imputaciones. Mientras tanto, las autoridades reiteran la obligación de contar con permisos oficiales para cualquier actividad privada en áreas protegidas y la relevancia de denunciar irregularidades.
El caso pone nuevamente en foco la necesidad de supervisión estricta de eventos en zonas de alto valor ambiental y turístico, reforzando la vigilancia sobre permisos y autorizaciones en toda la provincia de Salta. La coordinación entre fiscalías penal y contravencional busca dar respuesta rápida y efectiva ante situaciones que puedan afectar el orden público y el patrimonio natural de la región.
