Carlos “Conejo” Martínez, el exjefe comunal de Aguas Blancas, se puso a disposición de la Justicia después de varios días prófugo. La detención de sus hijos Miguel Ángel y Jessica Elizabeth Martínez, de su expareja Nancy Mirta Cordero y de su actual compañera Tamara Tapia habría sido el golpe definitivo que lo empujó a entregarse. Con todo su núcleo familiar tras las rejas, el margen de maniobra se le achicó de golpe.
Mañana deberá comparecer ante el juez federal de Garantías de Orán, Gustavo Montoya. En esa audiencia la fiscalía podría imputarlo como jefe de una asociación ilícita dedicada al lavado de dinero proveniente del narcotráfico. Se trata de una figura que, según el artículo 210 del Código Penal, arrastra una pena mínima de cinco años de prisión para organizadores y cabecillas.
Esta vez el panorama procesal se le presenta mucho más complicado que en ocasiones anteriores. Su fuga antes del operativo, los antecedentes penales que acumula y la escala de la acusación que se le endilgaría dificultan cualquier chance de volver a una prisión domiciliaria. Quienes siguen de cerca la causa sostienen que hay elementos de peso para pedir que quede alojado en un establecimiento carcelario.
La orden de allanamiento salió el viernes a las 15. Los procedimientos arrancaron el sábado por la mañana, pero cuando los efectivos llegaron hasta el domicilio de Martínez, el hombre ya no estaba. Se cree que escapó durante la madrugada. Ese intervalo entre la firma de la orden y el inicio de los operativos generó fuertes sospechas de una posible filtración, que hoy está bajo investigación.
Los días que pasó prófugo, sumados a su ausencia deliberada en el momento de los allanamientos, se transforman ahora en un argumento central para plantear riesgo de fuga. Aunque se haya presentado voluntariamente, esa conducta previa pesa fuerte a la hora de definir la medida de coerción.
Martínez no llega limpio a esta causa. Tiene una condena federal por transporte de estupefacientes, un procesamiento en otro expediente por lavado de activos y una condena provincial por violación de secretos y entorpecimiento de acto funcional. Ese historial suma puntos en contra a la hora de discutir una eventual domiciliaria.
La investigación está a cargo de los fiscales Eduardo Villalba y Diego Velazco, de la Procuraduría de Narcocriminalidad del NOA y de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos. Ambos impulsan la hipótesis de que el exintendente habría comandado una estructura dedicada a blanquear fondos del narcotráfico en la zona de frontera.
En el ámbito judicial de Orán se da por sentado que la fiscalía va a pedir prisión preventiva. Montoya deberá resolver no solo la imputación sino también las condiciones en las que Martínez enfrentará el proceso. La combinación de fuga previa, antecedentes y escala penal deja poco margen para medidas alternativas.
Por ahora, el “Conejo” quedó acorralado. La presión familiar hizo lo que no lograron los allanamientos del sábado: lo obligó a salir de la clandestinidad. Mañana, en el juzgado federal de Orán, se definirá si esta vez realmente queda preso.
