En la localidad de Joaquín V. González, la muerte de José "Nity" Cuéllar, un hombre de 52 años que trabajaba como vendedor ambulante, sigue generando indignación entre sus familiares.
Detenido por una grave acusación, terminó perdiendo la vida tras una salvaje golpiza en un calabozo atestado de reclusos. La familia no duda en afirmar que la policía lo "entregó" a sus compañeros de celda, y ahora busca respuestas claras sobre cómo un detenido bajo su resguardo pudo terminar en semejante situación.
Todo arrancó a fines de enero, cuando Cuéllar fue arrestado tras una denuncia por abuso sexual. Inicialmente lo llevaron a la comisaría local, pero ante el riesgo de que los vecinos lo agredieran, un juez ordenó su traslado a un destacamento en Piquete Cabado para mayor seguridad. Sin embargo, las cosas se torcieron rápido: al día siguiente, lo volvieron a mover para un control legal, donde él mismo denunció haber recibido golpes de un efectivo policial. Che, esto no es menor en un sistema donde se supone que los detenidos están protegidos.
La familia, al enterarse de la detención, contrató un abogado para defenderlo. Pero horas después, la noticia cayó como un baldazo de agua fría: policías llegaron a la casa de su hermana para informar que había muerto. Según relatos cercanos, lo habían devuelto a la comisaría de Joaquín V. González por supuestos problemas logísticos, como falta de patrullero o espacio. Ahí, en una celda hacinada con decenas de personas en un espacio ridículamente chico, lo atacaron brutalmente.
Los detalles de la agresión son escalofriantes: testigos hablan de una hora de tortura, con golpes usando un palo que no debería estar en el lugar. Lo sacaron destrozado, intentaron reanimarlo sin éxito y lo llevaron al hospital en un móvil policial porque no había ambulancia disponible. Falleció en el camino, inconsciente y con el cuerpo hecho trizas. Un avance de la autopsia reveló fracturas múltiples en el cráneo y el resto del cuerpo, lo que pinta un panorama de violencia extrema en plena custodia estatal.
Hasta ahora, siete reclusos enfrentan cargos por homicidio agravado, pero la familia apunta más arriba, a las fallas institucionales. El hacinamiento en comisarías salteñas es un problema crónico, con celdas pensadas para pocos que terminan albergando a multitudes en condiciones inhumanas. Inspecciones posteriores detectaron irregularidades en las guardias y hasta rumores de circulación de drogas como pasta base y marihuana adentro, lo que agrava el panorama de negligencia policial en Argentina.
Lo que más duele a los allegados es el silencio oficial: ni el comisario, ni la cúpula regional, ni el ministro de Seguridad han dicho una palabra al respecto. Como si la muerte de una persona bajo su cuidado fuera algo de todos los días. Además, surge la duda de cómo los otros detenidos supieron de la acusación contra Cuéllar; la familia sospecha que fue el mismo personal quien filtró la info, avivando el linchamiento.
La investigación avanza con testimonios y peritajes, pero hay trabas como audiencias postergadas por fallas técnicas. Para la familia, el foco está en la responsabilidad de la policía: el juez había ordenado un traslado seguro, y en cambio lo metieron en el ojo de la tormenta. Con la acción penal extinguida por su muerte, y sin lesiones que respaldaran la denuncia original según exámenes forenses, el reclamo es por justicia verdadera en un caso que expone las grietas del sistema penitenciario salteño y argentino.
Con información de El Tribuno
