Carlos Alfredo “Conejo” Martínez será trasladado al penal de Villa Las Rosas, luego de que la Justicia federal ordenara su prisión preventiva por dos meses en una causa que investiga una presunta red de lavado de dinero proveniente del narcotráfico, el contrabando y otros delitos.
La medida fue dispuesta por el juez federal de Garantías de Orán, Gustavo Montoya, quien formalizó la investigación contra el exintendente de Aguas Blancas, señalado como supuesto jefe de una asociación ilícita. Además, estableció un plazo de seis meses para avanzar con la investigación.
Martínez se había presentado el miércoles en una dependencia policial de Orán, después de permanecer prófugo desde el sábado, cuando se realizaron 32 allanamientos y fueron detenidos once presuntos integrantes de la organización.
Durante la audiencia, la defensa intentó evitar el encarcelamiento al plantear cuestiones vinculadas con la salud del exfuncionario, quien había atravesado intervenciones quirúrgicas en la cabeza. Sin embargo, la fiscalía sostuvo que la documentación médica aportada tenía cuatro meses de antigüedad y presentó informes de la clínica tratante que daban cuenta de una recuperación favorable.
**Los argumentos para mantenerlo detenido**
Para justificar la prisión preventiva, los fiscales señalaron el riesgo de fuga y la posibilidad de que Martínez interfiera en la investigación. Entre los elementos expuestos mencionaron su condición de prófugo antes de los procedimientos, sus recursos económicos, sus vínculos políticos y la facilidad para cruzar la frontera con Bolivia.
La fiscalía también sostuvo que el exintendente habría tenido información anticipada sobre los allanamientos, un aspecto que consideró relevante para evaluar el riesgo de que vuelva a escapar o entorpezca la recolección de pruebas.
El planteo fue aceptado por el magistrado, que ordenó su alojamiento en el establecimiento penitenciario de la capital salteña mientras avanza el expediente.
**La hipótesis de lavado de activos**
La acusación sostiene que la presunta estructura habría utilizado empresas y contrataciones de la Municipalidad de Aguas Blancas para incorporar dinero de origen ilícito al circuito económico legal. También se investiga si Martínez habría participado en maniobras vinculadas con la compra de votos durante las elecciones de 2023.
Según la hipótesis fiscal, las actividades investigadas habrían continuado incluso después de que el exjefe comunal dejara la intendencia, en septiembre de 2024.
En la causa también se analiza el papel que habrían cumplido los otros once imputados, contra quienes ya se habían dispuesto siete prisiones preventivas durante una audiencia anterior.
Martínez había cumplido previamente una condena de un año y dos meses de prisión efectiva por violación de secretos y entorpecimiento de acto funcional, en un expediente provincial. Esa pena ya estaba cumplida cuando se concretaron los recientes allanamientos.
La nueva investigación busca determinar el funcionamiento de la presunta organización, el origen de los fondos y las responsabilidades de cada uno de los acusados. Por ahora, la imputación contra Martínez corresponde a una hipótesis fiscal que deberá ser acreditada durante el proceso judicial.
