Un profesor de Matemáticas de 50 años es investigado en Salta por presuntas conductas de connotación sexual hacia cuatro alumnas menores de edad. La causa está a cargo de la Unidad Fiscal Contravencional (UFICON) y se encuadra provisoriamente como acoso callejero, según el artículo 115 del Código Contravencional provincial.
La investigación comenzó en mayo, luego de que la directora de un establecimiento educativo presentara una denuncia a partir de los relatos de las estudiantes, quienes manifestaron su incomodidad ante distintas situaciones ocurridas durante marzo.
Según las actuaciones, uno de los episodios habría involucrado contacto físico. El docente habría tomado de la cintura a una alumna y posteriormente comenzado a seguirla en Instagram.
En otro caso, habría escrito su número de teléfono en una hoja de trabajo y expresado que esperaba recibir un mensaje de la estudiante. También se investiga si realizó gestos para que ella se acercara a abrazarlo.
Respecto de las otras dos adolescentes, la causa contempla solicitudes de contacto e interacciones a través de Instagram y TikTok.
Las estudiantes compartieron lo sucedido con una profesora, quien trasladó la situación a las autoridades escolares. A partir de esa intervención, la directora formalizó la denuncia que dio inicio a la investigación.
Durante el proceso se incorporaron declaraciones de las alumnas, testimonios de docentes y familiares, registros fotográficos y documentación relacionada con las interacciones denunciadas.
El auxiliar fiscal Marcos Bravo considera que los elementos reunidos permiten sostener, de manera preliminar, que las conductas investigadas habrían afectado la integridad psicológica de las adolescentes y generado situaciones ofensivas para ellas.
Los hechos fueron encuadrados provisoriamente como una contravención de acoso callejero, en concurso real, conforme a la normativa vigente en Salta.
La causa continúa en trámite en la UFICON y permanece pendiente la presentación de la acusación ante la Oficina Judicial. Hasta esa instancia, la investigación sigue su curso sin que exista una resolución definitiva sobre la responsabilidad del docente.
Por tratarse de menores de edad, la Fiscalía mantiene bajo reserva los datos que puedan permitir identificar a las adolescentes y al establecimiento educativo al que asisten, con el objetivo de proteger su intimidad y evitar su revictimización.
