Un hombre de 29 años quedó en prisión preventiva en Salta, acusado de amenazar, hostigar y extorsionar a su expareja mediante distintas formas de intimidación, entre ellas la amenaza de difundir fotografías íntimas y conversaciones privadas. La investigación también apunta a un presunto control de sus comunicaciones, el acceso no autorizado a su teléfono celular y exigencias de dinero y pertenencias para evitar que se concretaran las amenazas.
La medida fue dispuesta durante una audiencia de formalización de la investigación penal preparatoria, en la que intervino la fiscal penal especializada en Ciberdelincuencia, Sofía Cornejo, en representación del Ministerio Público Fiscal. El acusado fue imputado provisoriamente como presunto autor de los delitos de amenazas, coacción y extorsión, en concurso real.
Luego de escuchar los argumentos de las partes, la jueza del distrito Centro, Norma Vera, hizo lugar al pedido de la Fiscalía y ordenó la prisión preventiva del investigado. La decisión se fundamentó en la existencia de riesgos procesales que podrían afectar el desarrollo de la causa y entorpecer las medidas necesarias para esclarecer los hechos.
El expediente se inició a partir de una denuncia presentada el 17 de octubre de 2026 por una mujer contra quien había sido su pareja. De acuerdo con su relato, las situaciones de hostigamiento e intimidación se habrían intensificado cuando manifestó su decisión de ponerle fin a la relación.
En ese contexto, el hombre presuntamente habría comenzado a utilizar información personal de la víctima como una herramienta de presión. Entre las conductas denunciadas se encuentran las amenazas de hacer públicas fotografías íntimas, conversaciones privadas y otros contenidos personales que estaban en su poder.
La situación no habría quedado limitada a las advertencias sobre una posible exposición de material privado. Según la investigación, el acusado también habría accedido al teléfono celular de la mujer sin su autorización, intervenido en sus comunicaciones y ejercido un seguimiento sobre sus actividades cotidianas.
Uno de los aspectos que forman parte de la denuncia es la presunta exigencia de compartir la ubicación en tiempo real durante varias horas. Esta conducta habría permitido mantener un control permanente sobre los movimientos de la mujer, en un contexto marcado por las amenazas y la presión para que no finalizara el vínculo.
La investigación también contempla mensajes intimidatorios que habrían sido enviados tanto a la damnificada como a integrantes de su familia. En esas comunicaciones, el acusado presuntamente habría amenazado con involucrar falsamente a sus familiares en investigaciones o causas penales, ampliando así el escenario de intimidación hacia su entorno cercano.
Otro de los puntos bajo análisis está relacionado con supuestas exigencias económicas. Según la denuncia, el hombre habría reclamado dinero y pertenencias bajo el argumento de una presunta deuda y habría condicionado la posibilidad de no concretar las amenazas al cumplimiento de esos pedidos.
De esta manera, los investigadores buscan determinar cómo se desarrollaron las distintas maniobras denunciadas y qué elementos fueron utilizados para ejercer presión sobre la víctima. El análisis de las comunicaciones digitales será una parte central del expediente, debido a que buena parte de las conductas investigadas se habrían concretado mediante teléfonos celulares, aplicaciones de mensajería y redes sociales.
Entre las pruebas incorporadas hasta el momento figuran la denuncia inicial, la declaración de la mujer y distintas conversaciones de WhatsApp que permitirían reconstruir parte de los intercambios entre ambos. También se realizaron tareas investigativas orientadas a establecer quiénes serían los titulares de las cuentas utilizadas en redes sociales y de las líneas telefónicas vinculadas con los hechos.
A partir de los elementos reunidos, la Fiscalía solicitó una medida de allanamiento en el domicilio del sospechoso. El procedimiento permitió concretar su detención y secuestrar distintos elementos considerados de interés para la causa, que serán sometidos a pericias y análisis especializados con el objetivo de obtener posibles evidencias digitales.
El material incautado podría aportar información relevante para establecer si existieron accesos no autorizados a dispositivos, comunicaciones intimidatorias u otras acciones relacionadas con los hechos denunciados. La investigación deberá avanzar sobre esos elementos para determinar el alcance de las conductas atribuidas al acusado.
La intervención de la Fiscalía especializada en Ciberdelincuencia pone nuevamente en foco la utilización de herramientas tecnológicas en situaciones de violencia y hostigamiento dentro de relaciones de pareja. El acceso indebido a dispositivos, la vigilancia mediante aplicaciones, las amenazas de publicar contenido íntimo y la utilización de información personal para obtener dinero o someter a otra persona son algunas de las conductas que pueden formar parte de investigaciones penales de este tipo.
En particular, la amenaza de divulgar fotografías o conversaciones privadas constituye una modalidad de intimidación que puede generar consecuencias personales, familiares y sociales para las víctimas. En estos casos, los mensajes, registros de llamadas, capturas de pantalla y otros elementos digitales pueden resultar importantes para documentar lo ocurrido y permitir que los investigadores reconstruyan los hechos.
Por el momento, el hombre permanece detenido por disposición judicial mientras continúa la investigación penal preparatoria. Su responsabilidad deberá establecerse a lo largo del proceso judicial, a partir del análisis de las pruebas y las actuaciones correspondientes.
La causa continúa bajo la intervención de la Fiscalía Penal especializada en Ciberdelincuencia de Salta, que busca determinar las circunstancias en las que se habrían producido las amenazas, las presuntas maniobras de extorsión y el control ejercido sobre la mujer y su entorno familiar.
