La situación judicial de Cynthia Elizabeth del Valle Moya volvió a quedar definida tras un nuevo rechazo al pedido de la defensa que buscaba modificar sus condiciones de detención en la causa vinculada a la financiera ilegal Ríos & Asociados. La acusada continuará bajo prisión domiciliaria mientras el expediente avanza hacia la etapa de juicio oral.
La decisión fue adoptada por la jueza de la Sala 2 del Tribunal de Impugnación, Edith Rodríguez, quien hizo lugar a los argumentos del Ministerio Público Fiscal y desestimó la solicitud de la defensa que pretendía acceder a medidas sustitutivas a la prisión preventiva. De esta manera, se mantiene el esquema actual de restricción de la libertad.
Desde la fiscalía, el fiscal de Impugnación 3, Ramiro Ramos Ossorio, sostuvo que correspondía sostener la medida vigente debido a la gravedad de los hechos investigados y al alcance social del caso. En ese sentido, remarcó que la causa involucra a 849 personas damnificadas, lo que le otorga una magnitud que trasciende lo individual y repercute en el interés público.
El planteo fiscal también hizo foco en la necesidad de resguardar el orden público y garantizar que el proceso judicial avance sin interferencias. Según se expuso, una eventual flexibilización de la situación de detención podría generar riesgos procesales y afectar tanto a la investigación como a los derechos de las víctimas.
Otro de los argumentos considerados fue la protección de quienes resultaron damnificados por las presuntas maniobras. En un expediente con un número elevado de víctimas, la continuidad de la medida cautelar se interpreta como una forma de evitar posibles situaciones que dificulten el desarrollo del juicio o la obtención de justicia.
La causa que tiene como principal imputada a Moya incluye una acusación por 849 hechos de estafa y una cantidad equivalente de falsificaciones de instrumento privado, en concurso ideal. Además, se la señala como presunta organizadora de una asociación ilícita, lo que agrava su situación procesal y la posiciona como una de las principales responsables dentro de la estructura investigada.
De acuerdo con la investigación, la operatoria de Ríos & Asociados habría consistido en la captación de fondos bajo promesas financieras que luego no se habrían cumplido, generando perjuicios económicos a numerosos ahorristas. Este tipo de esquemas suele tener un fuerte impacto en la comunidad, especialmente cuando involucra a gran cantidad de personas en simultáneo.
En el plano judicial, la decisión de mantener la prisión domiciliaria se apoya también en criterios utilizados en causas de alta complejidad, donde los tribunales evalúan no solo las condiciones personales del imputado, sino también el impacto institucional de sus resoluciones. En este caso, la multiplicidad de víctimas y la magnitud de los hechos pesan en la evaluación del riesgo procesal.
Con este nuevo rechazo, la imputada permanecerá bajo arresto domiciliario mientras se aguarda el inicio del juicio oral, instancia en la que se analizarán las pruebas reunidas durante la investigación. Allí se definirá su responsabilidad penal en un expediente que, por su volumen y cantidad de damnificados, se ubica entre los más relevantes en la provincia de Salta en los últimos tiempos.
El avance del proceso será determinante no solo para la situación de la acusada, sino también para las personas afectadas, que esperan una resolución judicial que permita esclarecer los hechos y establecer eventuales responsabilidades. Mientras tanto, la causa continúa su curso en el ámbito judicial con una expectativa creciente en torno a su desenlace.
