El Tribunal Oral Federal N°1 dictó sentencia contra un comerciante y su expareja, una joven que había trabajado como modelo, por su participación en el transporte de 15 kilos de marihuana desde la frontera norte hacia la ciudad de Salta. La Justicia los consideró coautores del delito de transporte de estupefacientes agravado por la intervención de varias personas y fijó penas de 10 años de prisión para el hombre y 7 años para la mujer.
La condena fue dictada luego del juicio oral en el que se analizaron pruebas documentales, testimonios y registros de comunicaciones que permitieron reconstruir el circuito de traslado de la droga. El tribunal concluyó que ambos formaban parte de una estructura dedicada al movimiento de marihuana desde la zona de Orán hacia la capital salteña.
Según se acreditó en el proceso, el hecho por el que fueron juzgados ocurrió el 5 de febrero de 2025, cuando la organización fue interceptada durante un operativo de la Policía de Seguridad Aeroportuaria. En esa oportunidad, los investigadores ya seguían de cerca los movimientos del grupo y contaban con información previa sobre varios viajes realizados entre el norte provincial y la capital.
La sentencia estableció que el comerciante tenía un rol central en el funcionamiento del esquema. De acuerdo con la reconstrucción realizada durante el juicio, era quien se encargaba de conseguir la droga en la zona fronteriza, donde mantenía contacto con proveedores que operaban en el límite con Bolivia. Luego coordinaba el traslado hacia Salta, donde el estupefaciente era entregado a un revendedor que se encargaba de su distribución.
La investigación también determinó que la mujer se incorporó a la operatoria en las semanas previas al operativo que terminó con las detenciones. Para el tribunal, su participación no fue secundaria sino que cumplía un rol clave dentro del circuito, principalmente en la administración del dinero que se generaba con la venta de la droga.
Durante el debate se exhibieron audios y conversaciones de mensajería entre los integrantes del grupo, además de registros de transferencias bancarias que coincidían con los viajes realizados entre Orán y la ciudad de Salta. Estas pruebas permitieron establecer la dinámica del negocio y el reparto de tareas entre los implicados.
Uno de los puntos que más peso tuvo en el juicio fue el análisis de los movimientos financieros. Según se explicó en la audiencia, el comprador de la droga realizaba pagos que en algunos casos alcanzaban los seis millones de pesos. Esos montos eran transferidos a la cuenta de la mujer, quien luego distribuía parte del dinero entre los demás integrantes del circuito.
Los registros bancarios coincidían con los días y horarios en los que la pareja llegaba a la vivienda del revendedor en la zona norte de la capital salteña. En una de las operaciones analizadas, la transferencia quedó registrada pocos minutos después de que la camioneta en la que se trasladaban ingresara al domicilio donde se realizaba la entrega.
Las cámaras de seguridad de la policía también aportaron elementos relevantes para la investigación. Los registros mostraron el paso de los vehículos vinculados a la organización por distintos puntos de la ciudad y permitieron confirmar los recorridos que realizaban cada vez que llegaban con la droga.
Otro aspecto que surgió durante el juicio fue la utilización de rutas alternativas para evitar controles policiales. De acuerdo con lo expuesto en el debate, los acusados solían desviarse por la ruta provincial 1 después de salir de Orán. Se trata de un camino más largo, con tramos en mal estado y escasa iluminación, características que lo convertían en una opción atractiva para quienes buscaban moverse sin ser detectados.
Según la reconstrucción de los investigadores, esa ruta prácticamente no tenía controles nocturnos, por lo que la organización la utilizaba para trasladar la marihuana hacia la capital provincial. El trayecto permitía llegar a las inmediaciones de Salta evitando algunos de los puntos habituales de control.
El operativo que permitió desarticular el grupo se produjo en febrero del año pasado, cuando las fuerzas de seguridad detectaron el desplazamiento de varios vehículos vinculados al traslado de droga. Entre ellos se encontraban una camioneta y un automóvil que actuaban de manera coordinada.
Durante la persecución, el auto que transportaba los paquetes de marihuana intentó escapar realizando una maniobra brusca y tomando nuevamente la ruta por la que había llegado. Según relataron los efectivos que participaron del procedimiento, el vehículo llegó a circular a más de 180 kilómetros por hora en un intento desesperado por evitar la detención.
En medio de la fuga, los ocupantes comenzaron a arrojar los paquetes por la ventanilla. Los bultos quedaron esparcidos a la vera del camino e incluso algunos terminaron entre los árboles que bordean la ruta. Finalmente, los efectivos lograron recuperar la droga y detener a varios de los integrantes de la organización.
En total, la investigación permitió identificar a siete personas vinculadas al transporte y distribución de la marihuana. Cinco de ellas ya habían sido condenadas anteriormente mediante acuerdos judiciales en los que reconocieron su participación en el hecho.
Durante el juicio también se analizaron los mensajes intercambiados entre los acusados y otros miembros del grupo. En uno de los audios incorporados como prueba, el comerciante mencionaba la posibilidad de abrir un negocio formal con el objetivo de justificar los ingresos obtenidos con la actividad ilegal.
La conversación hacía referencia a la apertura de una carnicería que serviría para blanquear parte del dinero generado por la venta de drogas. Ese elemento fue considerado por el tribunal como un indicio del funcionamiento del esquema económico que sostenía la organización.
Al momento de fijar las penas, los jueces evaluaron distintos factores. Entre ellos se destacó la cantidad de droga transportada y el impacto que este tipo de delitos tiene sobre la salud pública. De acuerdo con las estimaciones presentadas durante el juicio, los 15 kilos de marihuana incautados podrían haberse convertido en más de 470 mil dosis destinadas al consumo.
También se tuvo en cuenta que el principal acusado contaba con antecedentes judiciales vinculados a delitos similares, lo que fue considerado un agravante al momento de determinar la condena.
En el caso de la mujer, el tribunal dispuso que continúe bajo la modalidad de arresto domiciliario hasta que la sentencia quede firme, medida que se había aplicado durante el proceso judicial. Además, se ordenó el decomiso de la camioneta utilizada para el transporte de la droga.
La causa expuso nuevamente el funcionamiento de las rutas del narcotráfico que atraviesan el norte argentino y que tienen a Salta como uno de los puntos de paso hacia otras provincias del país. La cercanía con la frontera y la extensa red de caminos secundarios suelen ser aprovechadas por organizaciones dedicadas al traslado de estupefacientes.
Con este fallo, la Justicia federal dio por probado el rol que cumplía la pareja dentro de la estructura que operaba entre Orán y la capital provincial, una maniobra que finalmente quedó al descubierto tras meses de investigación y seguimiento de los movimientos del grupo.
