La bronca explotó apenas se abrió la venta. Las plateas y preferenciales se agotaron en minutos, las populares también volaron y de repente aparecieron publicaciones en redes ofreciendo entradas a precios que duelen el alma.
Frente al escándalo, la organización salió con un comunicado que parece más una amenaza que una solución: no legitiman la reventa, esos tickets se anulan en el acceso y ya están trabajando con la Policía para “proteger al público”. Como si el problema lo hubieran creado los que quieren ir al festival y no la propia gestión municipal.
Porque el desmanejo es evidente. Un sistema online que no da abasto, sospechas de acaparamientos por parte de algunos “privilegiados” y precios que para un festival tradicional del Valle Calchaquí resultan un lujo para muchos. Todo esto en un evento que se sostiene con fondos públicos, es decir, con la plata de los contribuyentes que después no pueden ni acercarse al predio. En lugar de abrir más cupos, mejorar la plataforma o garantizar un acceso realmente democrático, eligen castigar al que busca la forma de asistir.
Ahora el mensaje es claro: si no compraste por el canal oficial, quedás afuera. Y si intentaste comprarla en el único lugar donde todavía había, corré el riesgo de que te digan “no entra”. Eso no es protección al público, es un avasallamiento liso y llano. El contribuyente banca el festival con sus impuestos, se queda sin entrada por la ineficiencia municipal y encima recibe la amenaza policial. Una vez más, Cafayate demuestra que el manejo de la Serenata prioriza el control y la foto antes que el verdadero interés de los vecinos y turistas que hacen grande la fiesta.
Mientras el Valle se prepara para una nueva edición, el malestar crece. Y con razón. Porque cuando el municipio falla en organizar algo tan básico como la venta de entradas y responde con amenazas, el mensaje que queda es uno solo: la Serenata es de todos… pero solo para algunos.
