La Corte de Justicia de Salta resolvió el desafuero y la suspensión provisoria del juez de Paz de Aguaray, Freddy Chocobar, en el marco de una causa penal que lo tiene como imputado por presuntos hechos de estafa agravada por su condición de funcionario público e incumplimiento de los deberes a su cargo. La decisión habilita el avance pleno de la investigación judicial y marca un hecho de fuerte impacto institucional en el norte de la provincia.
La medida adoptada por el máximo tribunal provincial implica el retiro de la inmunidad constitucional que amparaba al magistrado por su función, dejándolo sujeto a la jurisdicción penal ordinaria. De esta manera, el proceso podrá continuar sin restricciones y con todas las herramientas previstas por la ley para el esclarecimiento de los hechos denunciados.
La investigación se originó a partir de presentaciones realizadas por dos vecinos de la zona, Marcial Torrez y Johana Marisa Fiorillo, quienes denunciaron que el juez de Paz no habría entregado sumas de dinero correspondientes a cuotas alimentarias que eran depositadas mensualmente en el Juzgado de Paz de Aguaray. Según consta en el expediente, esos fondos eran abonados por personas obligadas al pago, en cumplimiento de acuerdos previamente homologados, y debían ser transferidos a los beneficiarios, algo que —de acuerdo a la acusación— no se habría concretado.
La gravedad de la denuncia radica no solo en el presunto perjuicio económico, sino también en el contexto social en el que se producen los hechos. Las cuotas alimentarias están destinadas, en su mayoría, a niños, niñas y adolescentes, y cumplen un rol esencial para garantizar derechos básicos como la alimentación, la salud y la educación. En comunidades del norte salteño como Aguaray, estos recursos suelen ser vitales para la subsistencia diaria de muchas familias.
El pedido de desafuero fue formulado por el fiscal penal de Profesor Salvador Mazza, Armando Cazón, y elevado a través del Juzgado de Garantías N° 2 del Distrito Judicial del Norte, con asiento en Tartagal. En su requerimiento, el representante del Ministerio Público Fiscal remarcó la necesidad de asegurar el normal desarrollo de la investigación penal y de garantizar el debido proceso, en línea con lo establecido por el Código Procesal Penal de Salta.
Uno de los elementos que pesó en la decisión fue la incomparecencia del juez de Paz a la audiencia de imputación para la que había sido debidamente citado. Esa ausencia, según se desprende de las actuaciones, obstaculizaba el avance del proceso y motivó la solicitud de allanamiento de la inmunidad funcional para evitar dilaciones indebidas y asegurar que el acusado pueda ser sometido a las instancias procesales correspondientes, como cualquier otro ciudadano.
Con el desafuero ya dispuesto, el fiscal interviniente quedó habilitado para fijar una nueva audiencia de imputación. En esa instancia, se le comunicarán formalmente a Freddy Chocobar los hechos que se le atribuyen y la calificación legal provisoria, además de evaluarse posibles medidas procesales, que podrían ir desde restricciones de conducta hasta otras decisiones que el juez de la causa considere necesarias.
En paralelo al retiro de los fueros, la Corte de Justicia resolvió la suspensión provisoria de Chocobar en el ejercicio de su cargo como juez de Paz de Aguaray. Esta medida preventiva busca preservar el correcto funcionamiento institucional y evitar cualquier interferencia en la investigación en curso. La suspensión se mantendrá vigente hasta que se acredite su desvinculación del proceso penal o hasta que se adopten nuevas resoluciones en función de la evolución de la causa.
La resolución fue adoptada por unanimidad y lleva las firmas de la presidenta de la Corte de Justicia, Teresa Ovejero Cornejo, junto a los jueces Fabián Vítar, Pablo López Viñals, José Gabriel Chibán, María Alejandra Gauffin, Adriana Rodríguez Faraldo y María Edith Nallim. El fallo ya fue notificado tanto al magistrado involucrado como al Juzgado de Garantías que interviene en el expediente.
El caso generó una fuerte repercusión en Aguaray y en otras localidades del departamento San Martín, donde la figura del juez de Paz cumple un rol clave en la vida cotidiana. Estos funcionarios suelen ser el primer y, muchas veces, el único contacto directo de los vecinos con el sistema judicial, especialmente en zonas alejadas de los grandes centros urbanos. Por eso, las denuncias que involucran un presunto abuso de esa función generan preocupación y reclamos de esclarecimiento rápido y transparente.
Desde el ámbito judicial salteño se remarca que la decisión de la Corte no implica una condena ni adelanta opinión sobre la culpabilidad del acusado, sino que responde a la necesidad de permitir que la investigación penal se desarrolle sin obstáculos. El principio de igualdad ante la ley y la obligación de rendir cuentas por parte de quienes ejercen cargos públicos son ejes centrales de la resolución adoptada.
La causa se enmarca en una política institucional que busca reforzar los mecanismos de control y responsabilidad dentro del Poder Judicial de Salta, especialmente en lo que respecta a funcionarios que cumplen tareas sensibles en comunidades pequeñas. En ese sentido, el desafuero y la suspensión provisoria aparecen como herramientas excepcionales, pero necesarias, cuando existen indicios suficientes de la posible comisión de delitos vinculados al ejercicio de la función.
Mientras avanza la investigación, la atención está puesta en las próximas actuaciones judiciales y en la situación de las personas que habrían sido perjudicadas por la presunta retención indebida de las cuotas alimentarias. En un contexto económico complejo, la restitución de esos fondos y la definición de responsabilidades resultan centrales para recomponer la confianza y garantizar la protección de derechos básicos.
El desarrollo de esta causa será seguido de cerca tanto por la comunidad de Aguaray como por el conjunto de la provincia de Salta, en un escenario donde la demanda social por transparencia, ética pública y funcionamiento efectivo de la Justicia ocupa un lugar cada vez más relevante en la agenda pública.
