En un fallo que sorprendió a muchos en el ámbito sindical salteño, la Sala IV del Tribunal de Impugnación recortó drásticamente las penas impuestas a Patricia del Valle Argañaraz y Ana María Cerezo, figuras clave en el escándalo de corrupción dentro de la Asociación Docente Provincial (ADP). Lo que antes eran seis años de prisión efectiva por administración fraudulenta y una serie de estafas reiteradas, ahora se reduce a tres años y seis meses, argumentando que los 26 hechos imputados forman un único delito continuado.
Los jueces Guillermo Gustavo Akemeier y Federico Javier Armiñana Dohorman fueron los responsables de esta decisión, que se conoció en las últimas horas y que modifica el panorama para las exsecretaria general y extesorera del gremio docente. En noviembre del año pasado, el juez José Luis Riera las había mandado directo a la cárcel, pero ahora, con este nuevo criterio, se aligera la carga penal, aunque mantienen las accesorias legales y las costas del proceso.
No solo ellas se beneficiaron: Raúl Dante Argañaraz y Nicolás Demetrio Zissi, involucrados como partícipes necesarios en el mismo esquema fraudulento, vieron sus condenas condicionales pasar de tres años a apenas un año y seis meses. Estos dos deberán cumplir reglas estrictas, como presentarse cada seis meses ante la Dirección de Inserción Social y Supervisión de Liberados, y evitar cualquier tropiezo con la ley o el abuso de sustancias.
El caso, que sacudió al sector educativo en Salta, giraba en torno al Fideicomiso Virgen de Urkupiña, donde se prometían viviendas a los afiliados a cambio de pagos que nunca se materializaron. La investigación reveló un entramado de facturas truchas y contratos fantasma que desviaban plata del gremio para usos personales, dejando a docentes y familias en la calle, literalmente.
La fiscal Ana Inés Salinas Odorissio, de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, había pedido siete años para las principales acusadas, destacando el impacto económico y social en la comunidad docente. Durante el juicio, testimonios de damnificados pintaron un cuadro de traición y desamparo, con pruebas que incluían documentos falsos y movimientos financieros sospechosos.
A pesar de los recursos de casación presentados por las defensas, el tribunal no los rechazó del todo, sino que optó por reinterpretar los hechos como una estafa unificada que concurre con la administración fraudulenta. Esto no solo baja las penas, sino que evita inhabilitaciones extras, como la que pedía la fiscalía para que Argañaraz y Cerezo no pudieran volver a cargos electivos en la ADP por una década.
La resolución mantiene la detención inmediata de las mujeres en la Unidad Carcelaria 4 de Villa Las Rosas, pero con menos tiempo tras las rejas, lo que genera debates sobre si la justicia está siendo demasiado blanda con casos de corrupción en sindicatos. En Salta, donde los gremios docentes son un pilar, esta noticia cae como un baldazo de agua fría para quienes esperaban un castigo ejemplar.
Mientras tanto, el fallo subraya una vez más las grietas en el sistema judicial argentino, donde interpretaciones técnicas pueden cambiar el curso de un escándalo que afectó a cientos de familias. En el ambiente sindical, ya se oyen voces pidiendo mayor transparencia en la gestión de fondos, para evitar que estafas como esta en la ADP se repitan en otros gremios del país.
