El Ministerio de Salud de la Provincia tomó la decisión de suspender en sus funciones al cardiólogo Javier Fernández, profesional que se desempeña en el Hospital San Bernardo y que enfrentará un juicio oral por el delito de abuso sexual con acceso carnal.
La resolución oficial se concretó tras la llegada de la notificación emitida por la Oficina Judicial, lo que permitió activar los carriles administrativos correspondientes dentro de la administración pública provincial.
A partir de la recepción de la cédula judicial, la cartera sanitaria que encabeza Federico Mangione instruyó la apertura de un sumario interno y la inmediata suspensión del profesional para la atención médica en el sistema de salud pública. Ahora, las autoridades de la directiva del nosocomio capitalino tienen la responsabilidad de notificar formalmente al médico para hacer efectiva la restricción laboral mientras avanza la causa en la Justicia.
La medida llega tras un largo reclamo por parte de la víctima y denunciante, Constanza Lee, quien hizo pública la situación y manifestó su malestar por la demora en la aplicación de sanciones preventivas. A través de sus redes sociales, la mujer cuestionó que la separación del cargo se defina a tan solo tres semanas del inicio del debate oral, considerando que la primera presentación judicial fue radicada hace seis años contra su exesposo.
Por su parte, desde el organismo provincial explicaron la secuencia del trámite administrativo que derivó en la sanción. Señalaron que el primer aviso oficial por parte de las autoridades judiciales ingresó a comienzos de agosto, momento en que el caso tomó conocimiento masivo, desencadenando las actuaciones internas requeridas por la normativa estatal para evitar cualquier tipo de nulidad o vicio legal durante el procedimiento.
El caso generó repercusión mediática e institucional debido a que, semanas atrás, el profesional de la salud había recibido un reconocimiento público en las instalaciones del mismo centro asistencial. Esa situación derivó en duras críticas por parte de la denunciante, quien reclamó de forma reiterada ser recibida por los funcionarios de la cartera de Salud para exponer la gravedad de la imputación que pesa sobre el médico.
Ante los reclamos por los plazos de la gestión, la cúpula del Ministerio aclaró que las actuaciones se mantuvieron estrictamente ligadas a los tiempos del asesoramiento legal. Según detallaron las autoridades, resultaba indispensable contar con el respaldo de la citación a juicio formal para sostener el sumario administrativo y garantizar la validez legal de la suspensión preventiva sin incurrir en irregularidades de procedimiento.
De esta manera, el profesional quedará apartado de la atención al público en el principal centro de derivación de la provincia mientras transcurre el proceso judicial. La causa, que mantuvo una alta expectativa social en Salta durante los últimos meses, ingresa en su etapa decisiva a la espera de que el tribunal correspondiente determine la responsabilidad penal del acusado.
