La Fiscalía de Salta recurrirá la decisión judicial que concedió la prisión domiciliaria a la madre de un niño de dos años fallecido el pasado 22 de junio. La mujer, de 19 años, se encuentra imputada por homicidio agravado por el vínculo, mientras que su pareja, de 32 años, está acusada de homicidio agravado por alevosía y deberá permanecer bajo prisión preventiva durante 30 días.
La resolución fue adoptada por el juez del distrito Centro, Antonio Pastrana, durante una audiencia de revisión de las medidas de coerción. El magistrado escuchó los argumentos de las partes y resolvió que la joven continúe detenida bajo la modalidad domiciliaria, mientras que para el hombre dispuso la prisión preventiva, con la posibilidad de que solicite un beneficio similar si presenta un domicilio verificable.
El fiscal penal Daniel Espilocín, de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, se había opuesto al pedido de prisión domiciliaria de la mujer. Tras conocerse la decisión, anunció que será impugnada por la vía correspondiente.
Uno de los argumentos expuestos por el juez para fundamentar su resolución fue que las omisiones que se le atribuyen a la madre podrían tener carácter culposo. La valoración judicial se produce mientras continúa la investigación destinada a establecer las circunstancias de la muerte del menor y el grado de responsabilidad que habría tenido cada uno de los imputados.
La causa comenzó tras el fallecimiento del niño, ocurrido el 22 de junio. Esa noche, la madre lo llevó al hospital Papa Francisco debido a la gravedad de su estado de salud. Desde allí, el pequeño fue derivado de urgencia, en código rojo, al hospital Materno Infantil, adonde llegó sin signos vitales.
A partir de ese episodio, se inició una investigación penal para determinar qué había sucedido antes de la llegada del niño a los centros de salud y establecer si existieron conductas que pudieran configurar un delito.
De acuerdo con la hipótesis sostenida por la Fiscalía, al hombre de 32 años se le atribuye haber provocado la muerte del menor mediante maniobras de asfixia y sofocación. En tanto, a la madre se le reprocha una presunta conducta omisiva frente a lo ocurrido.
Estas imputaciones describen la hipótesis acusatoria y deberán ser examinadas durante el proceso judicial. La responsabilidad penal de ambos no se encuentra establecida mediante una sentencia definitiva.
La situación procesal de los imputados ya había sido objeto de decisiones judiciales anteriores. El 25 de junio, el juez Leonardo Feans había ordenado la prisión preventiva de ambos, en el marco de las primeras medidas adoptadas tras el fallecimiento del niño.
Posteriormente, en septiembre, el juez Ignacio Colombo rechazó el pedido de sobreseimiento presentado a favor de la madre. Esa resolución permitió que la investigación continuara respecto de la joven, quien permanece imputada por el delito de homicidio agravado por el vínculo.
La reciente audiencia tuvo como finalidad revisar las condiciones de detención y los planteos formulados por las partes. En ese marco, el juez resolvió modificar la modalidad de cumplimiento de la medida cautelar para la mujer, al concederle el arresto domiciliario.
La decisión no implica el cierre de la causa ni una definición sobre su culpabilidad. Se trata de una medida de coerción adoptada durante la investigación penal, etapa en la que se analizan los elementos reunidos y las responsabilidades que podrían corresponder.
En relación con el hombre de 32 años, el magistrado dispuso que permanezca bajo prisión preventiva por 30 días. No obstante, dejó abierta la posibilidad de que solicite acceder a una modalidad domiciliaria si acredita un domicilio que pueda ser verificado por las autoridades.
La Fiscalía considera que corresponde revisar la decisión que beneficia a la madre y buscará que sea evaluada nuevamente por la instancia judicial competente. El recurso anunciado por Espilocín se suma a las actuaciones que continúan en el expediente por la muerte del menor.
El caso mantiene la atención sobre la investigación de las circunstancias que rodearon el fallecimiento del niño y sobre las medidas cautelares dispuestas para los dos imputados. Mientras se resuelven los planteos vinculados con la detención, la Fiscalía deberá continuar reuniendo y examinando pruebas para sostener su hipótesis sobre lo ocurrido.
