La muerte de Thiago, el niño de dos años cuyo fallecimiento es investigado por la Justicia en Salta, volvió a instalar una pregunta que ya había sacudido a la Argentina tras el crimen de Lucio Dupuy: qué ocurre cuando existen señales de alerta sobre un niño en situación de riesgo y la respuesta llega demasiado tarde. Aunque ambos expedientes transitan instancias judiciales muy diferentes, comparten un mismo interrogante sobre la capacidad del sistema de protección para prevenir tragedias.
En el caso de Thiago, la investigación continúa para determinar con precisión cómo ocurrió la muerte y cuál fue la responsabilidad de los adultos detenidos. La madre del niño y su pareja permanecen acusados en una causa que aún se encuentra en plena etapa de recolección de pruebas, por lo que rige el principio de inocencia hasta que exista una sentencia firme.
Más allá de las responsabilidades penales que pueda establecer la Justicia, el caso volvió a poner el foco en un aspecto que trasciende el expediente: las denuncias y advertencias que, según familiares del niño, se habían realizado antes del desenlace fatal. Ese dato reavivó un debate que ya había quedado expuesto con el asesinato de Lucio Dupuy, cuando también surgieron cuestionamientos sobre la actuación de los organismos encargados de proteger a las infancias.
La diferencia entre ambos casos es importante. El crimen de Lucio ya fue juzgado y concluyó con condenas a prisión perpetua para su madre y la pareja de ella. En cambio, la causa por la muerte de Thiago recién comienza y todavía restan pericias, estudios y testimonios que permitan reconstruir qué ocurrió durante las últimas horas de vida del pequeño.
Sin embargo, el impacto social vuelve a ser el mismo. La muerte de un niño dentro del ámbito donde debía recibir cuidado y protección reabre interrogantes sobre el funcionamiento de las instituciones encargadas de intervenir cuando existen sospechas de violencia, abandono o maltrato.
En ese contexto, la Fiscalía solicitó informes para determinar si hubo actuaciones previas de organismos estatales y cuál fue el alcance de esas intervenciones. La investigación busca establecer si existieron denuncias, qué respuestas se dieron y si se activaron las medidas de protección previstas para este tipo de situaciones.
El antecedente de Lucio Dupuy marcó un antes y un después en el país. A partir de ese caso se sancionó la Ley Lucio, que estableció la capacitación obligatoria para agentes del Estado con el objetivo de mejorar la detección temprana de situaciones de vulneración de derechos de niñas, niños y adolescentes.
La existencia de esa normativa volvió a cobrar relevancia tras la muerte de Thiago. El debate ya no se limita a la existencia de canales para denunciar, sino también a la eficacia de las respuestas institucionales cuando esas alertas llegan a conocimiento del Estado. Especialistas en niñez sostienen desde hace años que muchas situaciones de riesgo aparecen de manera fragmentada entre distintas áreas, sin una coordinación suficiente que permita dimensionar el peligro real.
Cuando las señales quedan dispersas entre expedientes, informes médicos, intervenciones sociales o presentaciones judiciales, el riesgo puede pasar inadvertido. Esa falta de articulación entre organismos es uno de los principales desafíos que enfrenta el sistema de protección infantil y uno de los aspectos que vuelve a estar bajo análisis tras esta nueva tragedia.
Aunque el caso Thiago todavía deberá atravesar todo el proceso judicial, su muerte ya instaló un debate que excede las responsabilidades individuales. La pregunta vuelve a ser la misma: si las advertencias existieron, por qué no alcanzaron para evitar un desenlace que hoy enluta a una familia y conmueve a toda la sociedad.
Mientras avanzan las pericias y las medidas ordenadas por la Justicia, el caso vuelve a recordar que detrás de cada denuncia por presuntos malos tratos hay un niño cuya protección no admite demoras. Ese desafío sigue siendo una de las grandes deudas pendientes del sistema de protección de la infancia en Argentina.
