La investigación judicial por las presuntas irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) sumó un nuevo elemento que podría influir en el avance del expediente. Una pericia realizada por especialistas de la Gendarmería Nacional no logró confirmar la autenticidad de los audios atribuidos a Diego Spagnuolo, el exdirector del organismo que quedó en el centro de las denuncias por un supuesto esquema de corrupción.
El informe técnico señaló diferentes inconvenientes en las grabaciones, entre ellos cortes, inconsistencias acústicas y características compatibles con una posible regrabación. Estas particularidades impidieron establecer con certeza el origen del material y determinar de manera concluyente la identidad de las personas que aparecen en los registros de voz.
Los especialistas tampoco pudieron descartar que los archivos hayan sido modificados o que se hayan utilizado herramientas de inteligencia artificial para alterar o generar voces. Debido a estas limitaciones, el estudio no permitió alcanzar una conclusión definitiva sobre la autenticidad de las grabaciones.
El resultado representa un aspecto relevante para la causa judicial, aunque no significa que los audios sean necesariamente falsos. La conclusión de los peritos es más acotada: con los elementos disponibles y las condiciones en las que recibieron el material, no fue posible verificar que las grabaciones sean auténticas.
Las irregularidades técnicas que complicaron el análisis
Uno de los puntos centrales del informe de la Dirección de Criminalística y Estudios Forenses de la Gendarmería Nacional está relacionado con la conservación de los archivos y la falta de garantías suficientes sobre su integridad.
En una investigación judicial, la cadena de custodia es el procedimiento que permite documentar cómo se obtiene, identifica, conserva y traslada una evidencia desde su incorporación al expediente hasta su análisis. Su finalidad es asegurar que el material permanezca bajo condiciones controladas y que no existan modificaciones que puedan afectar su valor probatorio.
En este caso, los especialistas advirtieron que la cadena de custodia presentaba interrupciones anteriores a la instancia pericial. Esa circunstancia dificultó establecer si los archivos examinados conservaban las mismas características que tenían originalmente o si habían sufrido cambios antes de llegar a los laboratorios.
A esto se sumaron las inconsistencias detectadas durante el examen acústico. Los cortes y otros indicios técnicos impidieron garantizar que el contenido pudiera analizarse bajo condiciones suficientes para confirmar su autenticidad. Por ese motivo, los peritos no pudieron establecer una conclusión definitiva sobre el origen de las grabaciones.
La posibilidad de una regrabación también forma parte de los aspectos observados. Este tipo de procedimiento puede modificar las características originales de un registro sonoro y dificultar la identificación de su procedencia. Sin embargo, la presencia de indicios compatibles con esa práctica no demuestra por sí sola que haya existido una manipulación deliberada.
La misma precaución corresponde a la hipótesis de una eventual intervención mediante inteligencia artificial. Aunque los especialistas no pudieron descartar esa posibilidad, el resultado de la pericia no confirma que se haya utilizado esa tecnología para fabricar o alterar las voces.
Qué se escucha en los audios atribuidos al exdirector de ANDIS
Las grabaciones adquirieron relevancia pública en medio de las denuncias por un supuesto sistema de sobornos que involucraría a prestadores y droguerías vinculados con la Agencia Nacional de Discapacidad.
En algunos de los fragmentos difundidos se escucha una voz atribuida a Spagnuolo que describe presuntas irregularidades dentro del organismo y menciona a personas relacionadas con el entorno presidencial. La circulación de ese material impulsó cuestionamientos y derivó en pedidos para determinar su origen y establecer si las voces correspondían efectivamente a los protagonistas mencionados.
La autenticidad de los registros se convirtió así en uno de los puntos de discusión dentro de la investigación. Para que una grabación pueda adquirir valor como prueba, no alcanza únicamente con analizar su contenido: también resulta necesario examinar sus características técnicas, su procedencia y las condiciones en las que fue preservada.
La defensa del exfuncionario había cuestionado la validez de los audios y planteado dudas sobre la posibilidad de que hubieran sido editados o manipulados mediante herramientas tecnológicas. En ese contexto, la Justicia dispuso el análisis forense para intentar establecer si el material podía ser validado y si era posible atribuir las voces a las personas señaladas.
El resultado de la Gendarmería no resolvió esas cuestiones. Por el contrario, dejó planteadas limitaciones que deberán ser consideradas al momento de evaluar el alcance de las grabaciones dentro del expediente.
La investigación judicial continúa pese al resultado de la pericia
La causa está a cargo del juez federal Ariel Lijo y tiene como eje las presuntas irregularidades relacionadas con el funcionamiento de la ANDIS. El expediente no depende exclusivamente de los audios, por lo que las dificultades para acreditar su autenticidad no implican automáticamente el cierre de la investigación.
La Justicia deberá analizar el informe técnico junto con el resto de los elementos incorporados a la causa y determinar qué medidas corresponde adoptar. También tendrá que evaluar qué alcance puede otorgársele al material sonoro y si existen otras vías para profundizar las averiguaciones sobre los hechos denunciados.
En este escenario, es importante distinguir entre la imposibilidad de autenticar una evidencia y la comprobación de que esa evidencia es falsa. Son conclusiones diferentes y tienen consecuencias distintas en el análisis judicial. La primera indica que no existen elementos suficientes para verificar su origen; la segunda requeriría pruebas que permitan sostener que el material fue falsificado o alterado.
Por ahora, el estudio de Gendarmería no permitió confirmar ninguna de las dos hipótesis de manera concluyente. Tampoco establece, por sí mismo, si los hechos mencionados en las grabaciones ocurrieron o no. Esa cuestión deberá analizarse a partir del conjunto de las pruebas reunidas durante la investigación.
El informe introduce, de esta manera, un nuevo punto de análisis en una causa de alcance nacional que involucra a un organismo encargado de las políticas públicas vinculadas con la discapacidad. La definición sobre el valor de los audios quedará en manos de la Justicia, que deberá determinar cómo incide la pericia en el desarrollo del expediente y qué otras medidas resultan necesarias para esclarecer las presuntas irregularidades.
