El gobernador Gustavo Sáenz anunció este martes que la Provincia de Salta presentó una acción de amparo contra el Estado Nacional y la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) para frenar la suspensión de pensiones y beneficios destinados a personas con discapacidad. La medida busca restituir de inmediato los pagos interrumpidos y garantizar la continuidad de estas prestaciones esenciales.
Según informó el mandatario, la presentación judicial apunta no solo a restablecer el cobro de las Pensiones No Contributivas por Invalidez, sino también a lograr la devolución de los importes que fueron retenidos de manera considerada ilegítima. “En Salta no vamos a permitir que se vulneren los derechos de las personas con discapacidad”, afirmó.
La acción judicial, que ya está en manos del Fiscal de Estado, también solicita que se asegure la continuidad en el tiempo de estos beneficios, dado que para muchas familias representan la principal fuente de ingreso y un recurso vital para costear tratamientos, medicamentos y asistencia básica.
Reclamo por transparencia
En paralelo, desde el Ejecutivo provincial se pidió que se realicen auditorías exhaustivas y transparentes para detectar posibles casos en los que se hayan otorgado beneficios de manera indebida. Sáenz advirtió que “no pueden pagar justos por pecadores”, marcando así la necesidad de que quienes realmente tienen derecho a estas pensiones no se vean afectados por irregularidades administrativas o políticas de ajuste.
Contexto provincial y nacional
La suspensión de pensiones y asignaciones a personas con discapacidad generó preocupación en distintos puntos del país, y Salta no fue la excepción. Organizaciones sociales y familias afectadas alertaron que la interrupción de estos pagos vulnera derechos fundamentales, dejando en situación de extrema vulnerabilidad a miles de beneficiarios.
El gobierno provincial, al accionar en la Justicia, busca que se reconozca la ilegitimidad de la medida y se ordene su inmediato restablecimiento, además de garantizar que en adelante no se produzcan nuevas suspensiones arbitrarias.
De esta manera, la Provincia se posiciona en defensa de un sector particularmente sensible de la sociedad, reclamando al Estado Nacional que garantice los derechos adquiridos de las personas con discapacidad y que cualquier revisión de los beneficios se realice bajo criterios claros, transparentes y sin afectar a quienes realmente los necesitan.
