El voto de los tres senadores nacionales por Salta terminó partido en la discusión del proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada. Flavia Royón, de Primero los Salteños, fue la única que se plantó en contra. En cambio, María Emilia Orozco y Gonzalo Guzmán Coraita, ambos de La Libertad Avanza, acompañaron la iniciativa del Ejecutivo nacional.
Royón explicó que desde el primer momento el texto le generó fuertes alertas y por eso se dedicó a trabajar en correcciones y modificaciones. Ese esfuerzo logró sacar del articulado final dos de los capítulos más resistidos: el que tocaba el régimen de protección de los barrios populares y el que abría la puerta a cambios en la Ley de Tierras Rurales, eliminando límites a la venta a extranjeros.
Aun así, la senadora sostuvo que lo que quedó no le resultó aceptable. Señaló que el Capítulo de Expropiación y Regularización Dominial, el de Procesos de Desalojo, el de Manejo del Fuego y el de Registro de la Propiedad Inmueble todavía arrastran errores conceptuales y técnicos que, a su criterio, deben revisarse antes de avanzar.
Sobre los desalojos, Royón marcó que el proyecto habilita a cualquier persona que invoque un interés legítimo a pedir el desalojo sin un proceso judicial previo. Según su lectura, eso termina equiparando a un inquilino con mora en el alquiler con un usurpador, algo que consideró inaceptable.
En materia de expropiaciones, cuestionó que se exija al Estado el pago de lucro cesante más una actualización por IPC e intereses, y que se prohíba tomar el bien hasta cancelar el monto total. Aseguró que esa mecánica puede demorar obras públicas y la respuesta ante catástrofes.
También rechazó el apartado de manejo del fuego porque deroga restricciones que protegen pastizales y humedales del cambio de uso del suelo después de un incendio. Recordó que esto ocurre en un año en el que el fuego arrasó más de 230.000 hectáreas en la Patagonia y en medio de la investigación judicial por un incendio en Cafayate vinculado a un presunto negocio inmobiliario.
Del otro lado, el senador Guzmán Coraita defendió el proyecto al sostener que aplica los principios del artículo 17 de la Constitución Nacional, que establece que la propiedad privada es inviolable. Centró su argumentación en el nuevo régimen de desalojos y explicó que el proceso sumarísimo previsto no implica un juicio exprés ni una vulneración de derechos, sino un mecanismo más ágil para resolver conflictos donde no existen grandes controversias probatorias.
