En vísperas del comienzo del año escolar en Salta, Cristina Fiore, ministra de Educación, brindó un panorama detallado sobre el estado de las escuelas y los desafíos que enfrenta el sistema educativo provincial.
Con un tono optimista, instó a los padres a enviar a sus hijos a clases con entusiasmo, subrayando que no se percibe un adhesión masiva al paro anunciado por los sindicatos docentes. "Empecemos con ganas este ciclo lectivo", expresó, en un llamado a priorizar la educación de los chicos salteños.
Fiore fue clara respecto a las consecuencias del paro: según la Constitución, el día no trabajado implica un descuento en el salario. Esta medida, legalmente establecida, se aplica en un contexto donde Salta ya alcanzó un acuerdo salarial con los docentes la semana pasada, a diferencia de la situación nacional que aún espera definiciones. "El paro está ligado a reclamos a nivel país, pero acá en la provincia estamos en otra sintonía", explicó, diferenciando la realidad local de la federal.
Con casi 450 mil alumnos inscriptos en todos los niveles obligatorios, desde inicial hasta secundaria, la ministra confirmó que el ciclo lectivo arranca para todos en la provincia. Este número refleja el compromiso del gobierno salteño con la educación pública, en un año marcado por debates sobre infraestructura escolar y calidad educativa en Argentina. Fiore resaltó que los establecimientos están listos para recibir a los estudiantes, priorizando un inicio sin interrupciones.
Otro tema clave que abordó fue el escándalo de los postítulos truchos, donde el Ministerio inició una denuncia penal tras detectar irregularidades en el proceso de titularizaciones. La Junta Calificadora identificó títulos falsos que otorgaban puntajes indebidos, lo que llevó a una investigación judicial que avanza con celeridad. "Estamos agradecidos por la responsabilidad de la Justicia en este caso", señaló Fiore, destacando la seriedad del asunto en el ámbito educativo salteño.
La fiscalía ha identificado una posible organización dedicada a la venta de estos documentos apócrifos, con detenciones en el norte y sur de la provincia. Más de 50 docentes están involucrados, algunos ya en cargos obtenidos con puntajes irregulares. Fiore explicó que se trata de un fraude que afecta la meritocracia en el sistema docente, y que el Ministerio no dudó en actuar para preservar la integridad del proceso.
En cuanto a las responsabilidades, la ministra diferenció entre sanciones administrativas y penales. Para aquellos que presentaron títulos falsos pero no accedieron a cargos, la pena implica una inhabilitación de dos años para presentarse en la Junta. "Es una medida para garantizar transparencia en la educación salteña", afirmó, en línea con las políticas de control en el sector público argentino.
Por último, para los docentes que sí titularizaron con irregularidades, se suman sumarios administrativos y posibles acciones judiciales más graves. Fiore enfatizó que la Justicia determinará el curso penal, mientras el Ministerio avanza en paralelo con sus procedimientos internos. Este caso pone en foco la necesidad de fortalecer los controles en la formación docente, un tema recurrente en debates educativos de Salta y el país.
Con información de El Tribuno
