La investigación por presunto enriquecimiento ilícito que involucra a Manuel Adorni sumó este miércoles un nuevo testimonio clave en los tribunales federales de Comodoro Py. Se trata de Leandro Miano, quien fue citado a declarar en calidad de testigo por su vínculo con la operación de compra y posterior remodelación del departamento de Caballito donde vive el funcionario.
Miano se presentó minutos antes del horario fijado y permaneció durante casi dos horas respondiendo preguntas ante el fiscal Gerardo Pollicita, quien encabeza la investigación. Su declaración forma parte de una serie de medidas impulsadas para reconstruir el circuito económico detrás de la adquisición del inmueble y las obras realizadas posteriormente.
De acuerdo a lo que se investiga, el testigo está directamente relacionado con una de las partes que intervino en la operación inmobiliaria. Es hijo de una de las mujeres que participaron en la compra previa del departamento y posterior venta al actual jefe de Gabinete, en una transacción que hoy es analizada en detalle por la Justicia.
El expediente busca determinar si existieron irregularidades en la evolución patrimonial del funcionario, poniendo especial atención en el origen de los fondos utilizados tanto para la compra del inmueble como para las refacciones y mejoras realizadas en el mismo.
En ese contexto, uno de los puntos centrales de la declaración giró en torno a las deudas que se habrían generado a partir de la operación. Según se desprende de la investigación, existirían montos pendientes vinculados a la compra y a los trabajos de remodelación, algunos de los cuales no contarían con respaldo documental formal.
Miano también está asociado comercialmente con Pablo Martín Feijoo, quien ya había declarado previamente en la causa. Ambos están vinculados a la gestión de la compraventa del semipiso ubicado en la calle Miró al 500, en el barrio porteño de Caballito, a través de una firma dedicada a desarrollos urbanos.
La operación inmobiliaria bajo análisis tuvo varias etapas. En una primera instancia, el inmueble pertenecía a un particular y fue adquirido por dos mujeres que luego lo revendieron meses más tarde al actual funcionario. Ese segundo traspaso incluyó un esquema de pago que también está siendo revisado por la Justicia, ya que habría contemplado un anticipo y un saldo financiado sin intereses.
Además de la compra, otro foco de la investigación está puesto en las refacciones del departamento. En su declaración, el testigo hizo referencia a trabajos realizados en la propiedad, que habrían implicado un desembolso significativo. Parte de esos gastos, según se analiza, habrían sido acordados de manera informal para ser recuperados en el futuro.
La causa también incorporó en los últimos días el testimonio de un contratista que intervino en obras vinculadas al entorno del funcionario. Se trata de Matías Tabar, quien aseguró haber participado en tareas de carpintería relacionadas con el departamento en cuestión.
Según su declaración, fue convocado para coordinar trabajos específicos, entre ellos la fabricación de muebles a medida, en línea con encargos similares que había realizado anteriormente para el mismo entorno. Este dato refuerza la hipótesis de que existieron múltiples intervenciones en la propiedad, algunas de las cuales no estarían debidamente registradas.
Como parte de las medidas ordenadas, el fiscal Pollicita solicitó a Miano que aportara toda la documentación disponible vinculada a la operación. Entre los elementos requeridos se incluyen registros de pagos, comprobantes de expensas, facturas y cualquier otro respaldo que permita reconstruir con precisión los movimientos económicos relacionados con el inmueble.
También se le pidió que entregara su teléfono celular para ser peritado, en busca de comunicaciones que puedan aportar información relevante sobre acuerdos, pagos o negociaciones vinculadas tanto a la compra como a las refacciones.
El avance de la causa mantiene en foco no solo la adquisición del departamento, sino también la existencia de acuerdos paralelos que podrían haber quedado fuera de los circuitos formales. Este tipo de operaciones, en caso de confirmarse, podría tener implicancias judiciales en el marco de la investigación por enriquecimiento ilícito.
En la Argentina, este tipo de causas suele generar un fuerte impacto público, y en provincias como Salta no pasan desapercibidas. La atención sobre la transparencia de los funcionarios y el uso de los recursos es un tema recurrente en la agenda local, especialmente en un contexto económico donde las diferencias patrimoniales generan debate.
Por ahora, el expediente continúa en etapa de recolección de pruebas. La declaración de Miano se suma a una serie de testimonios que buscan aportar claridad sobre el entramado de la operación inmobiliaria y las posteriores inversiones en la propiedad.
