La situación judicial de Manuel Adorni sumó un nuevo capítulo en las últimas horas, luego de que se conociera que habría destinado alrededor de 14 millones de pesos para renovar el mobiliario de su departamento en el barrio porteño de Caballito. El dato surge en el marco de una investigación por presunto enriquecimiento ilícito que avanza en la Justicia federal y que ya venía analizando otras inversiones del funcionario.
Según las actuaciones judiciales, el gasto corresponde a trabajos de carpintería realizados en la vivienda donde reside junto a su familia. La erogación no había sido informada previamente y se suma a otras operaciones que están bajo la lupa de los investigadores.
La causa está a cargo del juez federal Ariel Lijo y del fiscal Gerardo Pollicita, quienes vienen recolectando testimonios y documentación para determinar si existe un desfasaje entre los ingresos declarados por el funcionario y su nivel de gastos.
En ese contexto, este miércoles se incorporó una nueva declaración testimonial clave. Se trata de Leandro Miano, vinculado a una de las acreedoras que mantendrían un vínculo económico con el funcionario. El testigo se presentó en los tribunales federales de Comodoro Py en horas de la mañana y permaneció allí durante aproximadamente dos horas.
De acuerdo a lo que trascendió de fuentes cercanas a la causa, Miano ratificó la existencia de una deuda de unos 65.000 dólares relacionada con la operación de compra y remodelación del inmueble de Caballito. Ese dinero habría sido invertido previamente en mejoras del departamento antes de concretarse la venta.
Siempre según su testimonio, el acuerdo para devolver ese monto se habría realizado de manera informal, sin plazos definidos ni documentación respaldatoria, lo que también forma parte del análisis judicial en curso.
La investigación no solo se centra en la adquisición del inmueble, sino también en las reformas y mejoras posteriores. En ese marco, tomó relevancia la declaración de un contratista que ya había trabajado previamente para el funcionario en otra propiedad.
Se trata de Matías Tabar, quien aseguró haber sido convocado nuevamente para coordinar trabajos de carpintería en el departamento de Caballito. Según su versión, no participó en la remodelación integral del inmueble, sino en la fabricación e instalación de distintos muebles a medida.
Entre los elementos encargados figuran una mesa de comedor con detalles en madera y mármol, una mesa ratona, mobiliario para comedor diario, un vajillero, un mueble tipo rack para televisión, una consola y un espejo, entre otros artículos. Estos trabajos habrían sido solicitados hacia fines de 2025 y concretados o abonados entre enero y febrero de este año.
Uno de los puntos que más atención genera en la causa es la modalidad de pago. De acuerdo con lo declarado por el contratista, los aproximadamente 14 millones de pesos se habrían abonado en efectivo y sin la correspondiente facturación formal, lo que podría constituir un elemento relevante para el avance de la investigación.
Ante este escenario, el juez Lijo dispuso nuevas medidas de prueba. Entre ellas, ordenó el peritaje del teléfono celular del contratista, con el objetivo de analizar conversaciones, presupuestos y cualquier tipo de intercambio que permita verificar los montos mencionados y las condiciones en que se realizaron los trabajos.
La pericia también buscará identificar a otros proveedores que hayan intervenido en las refacciones, así como reconstruir la cadena de pagos y determinar si existieron otras operaciones similares no declaradas.
El expediente se inscribe en una causa más amplia que apunta a establecer la evolución patrimonial del funcionario en los últimos años. Los investigadores intentan determinar si sus ingresos justifican las inversiones detectadas, tanto en propiedades como en reformas y equipamiento.
El caso genera repercusión a nivel nacional y también se sigue de cerca en provincias como Salta, donde los temas vinculados a la transparencia en la función pública suelen tener fuerte impacto en la opinión pública. En un contexto económico complejo, este tipo de investigaciones cobra mayor relevancia social, especialmente por el contraste entre los montos involucrados y la realidad de amplios sectores de la población.
Por el momento, la causa continúa en etapa de recolección de pruebas y testimonios. No se descartan nuevas citaciones ni medidas en los próximos días, en función de los resultados de las pericias ordenadas.
