El ministro de Gobierno de Salta, Ricardo Villada, elogió la templanza del gobernador Gustavo Sáenz al respaldar inicialmente al presidente Javier Milei, pero alertó sobre las graves consecuencias del ajuste en la infraestructura vial provincial.
En un contexto de rutas en estado crítico y deudas pendientes, el funcionario salteño exige que Nación cumpla con sus obligaciones para evitar décadas de recuperación en el norte argentino.
En Salta, donde las rutas son el pulmón de la economía y el vínculo vital entre pueblos y ciudades, el ministro de Gobierno, Ricardo Villada, no se anduvo con rodeos al hablar de la relación con el Gobierno nacional. "Es una locura tener que firmar convenios para que la Nación haga lo que le corresponde por obligación", soltó con esa franqueza que caracteriza a los salteños cuando las cosas se ponen feas.
El foco de sus críticas cayó como un balde de agua fría sobre el ajuste económico impulsado por Javier Milei, que, según Villada, no solo ha dejado en el olvido el apoyo inicial del gobernador Gustavo Sáenz, sino que está destrozando la infraestructura vial de la provincia. Este lunes, en medio de un clima político tenso en todo el país, el funcionario provincial detalló cómo el desfinanciamiento nacional afecta directamente a los salteños, desde los camioneros que recorren la Ruta 40 hasta las familias que dependen de caminos seguros para llegar a sus trabajos en el Valle de Lerma o en los Valles Calchaquíes.
Villada, un hombre de vasta experiencia en la política salteña y con un ojo puesto siempre en los problemas cotidianos de la gente, reconoció de entrada la "templanza y convicción" del gobernador Sáenz. Recordemos que Sáenz, elegido por una mayoría aplastante en Salta, decidió acompañar al Gobierno de Milei en sus primeros pasos, ofreciendo herramientas y respaldo en un momento en que el país necesitaba unidad. "Un hombre como Gustavo, que tuvo tanta templanza, que con tanta convicción dijo que había que apoyarlo, hoy toma una posición diferente porque las cosas que hace el gobierno atentan contra los salteños", explicó el ministro.
Esa frase resume el giro en la relación: lo que empezó como un gesto de lealtad federal terminó en agravios y desatenciones, culminando en episodios dolorosos como la salida de Flavia Royón de la Secretaría de Minería nacional. Royón, una salteña de pura cepa, fue víctima de una "agresión tremenda" por parte de Milei, según Villada, y su partida dejó un vacío en la representación del norte en el Ejecutivo central.
Pero vayamos al grano, porque en Salta no nos andamos con chamuyo: el impacto más visible y urgente del ajuste es en las rutas. "El estado de nuestras rutas es un desastre. Si todo esto se va al diablo, recuperarlo nos va a llevar décadas, es realmente muy grave", definió Villada con esa crudeza que resuena en las peñas y en las reuniones de productores en Cafayate o en Joaquín V. González.
En la provincia, donde el transporte por carretera es clave para exportar litio del Salar del Hombre Muerto o llevar empanadas y vinos a todo el país, el abandono de la Vialidad Nacional es un golpe bajo. Rutas como la 9, la 34, la 40 y la 51 están en un estado lamentable: pozos que parecen cráteres, carteles caídos y tramos intransitables que obligan a desvíos eternos. Los salteños lo sabemos bien; cada fin de semana, cuando vamos a la chacarita o a visitar parientes en Orán, nos encontramos con ese quilombo vial que pone en riesgo vidas y frena la economía.
El ministro detalló cómo el Gobierno de Salta se ha visto forzado a asumir responsabilidades que no le tocan. Por ejemplo, la provincia está tomando a su cargo partes de la Ruta 51, un corredor estratégico que conecta con el Pacífico y que debería ser mantenida por Nación. "Así no se puede seguir, porque no cumplen con las cosas que naturalmente deberían hacer", remató Villada. Esto no es solo un capricho administrativo; es una cuestión de coparticipación y justicia federal. Salta, con su vasto territorio andino y sus desafíos geográficos, depende de fondos nacionales para mantener estas arterias vitales.
Pero el ajuste de Milei, con su énfasis en el equilibrio fiscal a toda costa, ha recortado presupuestos en obra pública, dejando deudas que superan los 300 mil millones de pesos solo en fondos pendientes para la provincia. Obras pactadas, como el puente de Vaqueros o la circunvalación en tramos clave de la Ruta 40, están paralizadas, y los salteños pagan el pato con más accidentes y menos desarrollo.
