La disputa judicial en torno al derecho al voto de Cristina Fernández de Kirchner ingresó en una etapa clave. El fiscal nacional electoral, Ramiro González, solicitó que la expresidenta sea inhabilitada y apartada del padrón por la condena en la causa Vialidad, que estableció para ella una inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
La definición ahora queda en manos de la Cámara Nacional Electoral, que deberá resolver a contrarreloj, ya que el 16 de septiembre se publica el padrón definitivo de votantes. El caso escaló hasta esa instancia después de una serie de apelaciones y fallos contradictorios que tuvieron su origen en la Justicia Federal de Río Gallegos.
El 18 de julio pasado, la jueza federal subrogante de esa ciudad, Mariel Borruto, había declarado inconstitucionales los artículos 19 inciso 2 (en función del artículo 12 del Código Penal) y el artículo 3 inciso “e” del Código Nacional Electoral. Con ese criterio, permitió que Cristina Kirchner continúe como electora activa en su distrito, con el único propósito de ejercer su derecho al sufragio.
En su fallo, la magistrada sostuvo que privar del derecho al voto a una persona condenada en esas condiciones contraviene los estándares de la Corte Suprema y tampoco supera los parámetros de legalidad, necesidad y proporcionalidad exigidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Sin embargo, la posición del fiscal Ramiro González se alineó con otro antecedente cercano: el del exfuncionario Juan Carlos Villafañe, expresidente de Vialidad en Santa Cruz, condenado en la misma causa y que había planteado el mismo reclamo. En ese expediente, la fiscalía también había dictaminado que correspondía excluirlo del padrón.
El pedido de inhabilitación sobre Cristina Kirchner reaviva el debate político y jurídico en torno a los alcances de las condenas por corrupción, el derecho a voto de los condenados y la interpretación de los tratados internacionales sobre derechos humanos.
La Cámara Nacional Electoral deberá expedirse en los próximos días y su decisión será determinante, no solo para el caso de la exmandataria, sino también como jurisprudencia para otros condenados en condiciones similares.
