El Fondo Monetario Internacional volvió a poner el foco sobre el sistema impositivo argentino y propuso una serie de cambios que podrían modificar de manera significativa los impuestos que pagan trabajadores, monotributistas, empresas y consumidores en todo el país.
Las recomendaciones surgieron en el marco de la revisión del denominado “Artículo IV”, un informe técnico elaborado por el organismo tras la segunda evaluación del acuerdo económico vigente con la Argentina. Allí se planteó la necesidad de avanzar hacia una reforma fiscal integral que permita incrementar la recaudación, simplificar tributos y eliminar impuestos considerados distorsivos para la economía.
Entre los puntos centrales aparecen cambios en el Impuesto a las Ganancias, el IVA y el Monotributo, tres pilares clave del esquema tributario nacional que impactan de manera directa sobre millones de argentinos.
Según el análisis realizado por el FMI, la estructura impositiva actual presenta fuertes desequilibrios, numerosos regímenes especiales y una carga tributaria fragmentada que, a criterio del organismo, limita la competitividad y dificulta el crecimiento económico.
Uno de los aspectos más sensibles de la propuesta apunta al Impuesto a las Ganancias. El informe sostuvo que actualmente la cantidad de trabajadores alcanzados por este tributo es demasiado baja en comparación con otros países de la región y con economías desarrolladas.
El organismo recordó que la reforma impulsada en 2023 dejó a menos del 1% de los empleados formales alcanzados por Ganancias, luego de una fuerte suba del mínimo no imponible. Aunque parte de esos cambios se revirtieron durante 2024, el FMI consideró que el umbral de exención continúa siendo elevado.
Por ese motivo, recomendó ampliar la base tributaria para que aproximadamente el 20% de los trabajadores vuelva a pagar el impuesto. Además, sugirió simplificar las escalas y unificar deducciones para facilitar la administración del sistema.
En términos fiscales, el organismo estimó que esa modificación permitiría generar ingresos adicionales equivalentes al 0,4% del Producto Bruto Interno (PBI), un dato clave en el contexto de ajuste y búsqueda de equilibrio fiscal.
Otro de los cambios más importantes planteados por el FMI tiene relación con el IVA. El informe señaló que el sistema argentino posee múltiples alícuotas, exenciones y beneficios sectoriales que reducen la capacidad de recaudación y generan desigualdades.
La propuesta apunta a avanzar hacia una unificación de alícuotas, acompañada por mecanismos de compensación dirigidos a sectores vulnerables para amortiguar el impacto social. Según el organismo, esta modificación permitiría mejorar la eficiencia tributaria y aumentar los ingresos del Estado.
El documento también cuestionó distintos regímenes especiales y beneficios fiscales otorgados a determinadas actividades económicas. En ese sentido, sugirió eliminar exenciones que no tengan un objetivo social concreto o que generen distorsiones dentro del mercado.
El Monotributo fue otro de los ejes principales del informe. El FMI reconoció que este régimen permitió formalizar trabajadores independientes y pequeños contribuyentes, además de ampliar el acceso a obra social y jubilación. Sin embargo, advirtió que las diferencias con el régimen general generan problemas estructurales.
Según el organismo, muchos contribuyentes evitan crecer o facturar más para no quedar excluidos del Monotributo y pasar al sistema tradicional, donde la carga impositiva es considerablemente mayor. Esa situación provoca fragmentación económica y desalienta el desarrollo de pequeños emprendimientos y empresas.
Por eso, el FMI propuso acercar gradualmente el Monotributo al régimen general, homogeneizar aportes y reducir los llamados “saltos” entre categorías. También recomendó incorporar más herramientas tecnológicas para simplificar trámites y controles fiscales.
Las estimaciones incluidas en el informe sostienen que una reforma sobre este esquema podría aportar entre 0,4% y 1% adicional del PBI en materia de recaudación.
El análisis del organismo internacional también se extendió al impuesto sobre sociedades y la carga tributaria empresarial. Allí se cuestionó la alícuota máxima vigente del 35%, considerada elevada respecto del promedio mundial, que ronda el 25%.
El FMI sostuvo que el sistema progresivo aplicado sobre empresas según su tamaño o nivel de ingresos puede incentivar maniobras de evasión o estrategias para evitar escalas más altas de tributación. Ante ese panorama, propuso avanzar hacia una estructura más simple, con una tasa fija cercana al 30% y mecanismos complementarios basados en facturación.
Otro punto relevante del documento estuvo vinculado a los impuestos especiales sobre productos como tabaco, alcohol, combustibles y bebidas azucaradas. El organismo sugirió actualizar estos tributos por inflación y modificar el esquema actual para fortalecer la recaudación.
Según sus proyecciones, solo la actualización de impuestos vinculados al combustible y al tabaco podría representar ingresos adicionales cercanos al 0,5% del PBI.
Sin embargo, uno de los aspectos que más repercusión política y económica generó fue la sugerencia de eliminar gradualmente impuestos considerados distorsivos, entre ellos las retenciones a las exportaciones agropecuarias y el impuesto sobre transacciones financieras.
El informe destacó particularmente el caso de la soja, el maíz y el trigo, productos fundamentales para la economía argentina y para el ingreso de divisas. A criterio del FMI, una reducción progresiva de las retenciones permitiría aumentar la producción, ampliar la superficie sembrada e impulsar las exportaciones.
Incluso el organismo calculó que una baja de apenas un punto porcentual en los derechos de exportación sobre soja y derivados podría incrementar alrededor de un 0,5% tanto la producción como las ventas al exterior.
Además, proyectó que una eventual eliminación total de retenciones sobre oleaginosas y cereales generaría un incremento cercano al 10% en las exportaciones del sector y un ingreso adicional de unos 5.000 millones de dólares anuales para el país.
El documento también remarcó que parte de los nuevos recursos fiscales obtenidos mediante estas reformas deberían destinarse a las provincias argentinas. Según el FMI, la transformación integral del sistema podría representar ingresos equivalentes al 3,3% del PBI, de los cuales aproximadamente la mitad quedaría en manos provinciales.
Aunque las recomendaciones no implican medidas automáticas ni decisiones obligatorias para el Gobierno nacional, el informe del FMI vuelve a instalar el debate sobre la presión tributaria en Argentina, el financiamiento del Estado y el impacto que podrían tener futuras reformas sobre trabajadores, empresas y consumidores.
