La Cámara de Diputados de Salta recibió un pedido formal para que se someta a juicio político a la auditora general de la provincia, Elsa del Valle Pereyra Maidana, por presunto mal desempeño en el ejercicio de sus funciones y eventual incumplimiento de los deberes inherentes a su cargo.
La iniciativa fue presentada por el diputado Luis Albeza, del bloque Todos por Salta, y ya fue girada a la Comisión de Juicio Político para analizar si existen elementos suficientes para avanzar con la formación de la causa, prevista en la Constitución Provincial.
El expediente apunta principalmente a retrasos "irrazonables" en auditorías vinculadas al Fondo de Reparación Histórica, uno de los fondos públicos más importantes y controvertidos de la historia reciente de Salta, destinado a financiar obras en los departamentos de Orán, San Martín y Rivadavia mediante endeudamiento internacional. Según sostiene el pedido, la demora en la emisión de informes definitivos afectó no solo la operatividad interna de la Auditoría General, sino también las facultades de control de la Legislatura, particularmente de la Comisión Bicameral Examinadora de Cuentas, que aún mantiene pendientes análisis sobre el fondo.
En su exposición, Albeza explicó: "Esto no es una cuestión personal ni partidaria. Cuando uno observa posibles irregularidades o un funcionamiento deficiente en un organismo de control tan importante, tiene la obligación institucional de actuar". El legislador precisó que el expediente fue elaborado tras analizar documentación, actuaciones e informes vinculados al área auditada, y subrayó que se trata de una situación de "grave afectación institucional" que amerita esclarecimiento.
Entre los puntos cuestionados se encuentra la demora superior a tres años en la auditoría financiera documental del Fondo de Reparación Histórica. La naturaleza de esta auditoría, principalmente de análisis financiero y documental, hace que la lentitud resulte "prima facie irrazonable e incompatible con estándares mínimos de diligencia funcional exigibles a un órgano constitucional de control", según el expediente.
Más reclamos
El pedido también menciona antecedentes recientes, incluyendo una nota de la Presidencia de la Auditoría remitida a la Comisión Bicameral, que advertía irregularidades procedimentales en el trámite de la auditoría, así como la remisión de informes provisionales a los auditados sin la intervención previa de Presidencia. "La gravedad no radica únicamente en la demora material del informe, sino también en la afectación potencial del funcionamiento del órgano constitucional de control", subraya.
