En Salta la renovación de autoridades de La Libertad Avanza no cerró con el consenso que se pregonaba desde arriba. Quedó enredada en una fuerte disputa judicial que pone en evidencia serios desmanejos en la conducción provincial.
El afiliado Kevin Ferreyra, respaldado por el abogado Oscar “Pino” Rocha Alfaro, presentó un planteo que ya está radicado en la Cámara Nacional Electoral y apunta directo al corazón del proceso que terminó proclamando a la nueva mesa.
Rocha Alfaro habló con Agenda Salta y no se anduvo con eufemismos. Señaló que la convocatoria tuvo una difusión paupérrima, que varios plazos clave ya estaban vencidos cuando recién se publicó la información oficial y que todo el esquema pareció armado para que no hubiera competencia real. El proceso arrancó el 8 de julio y la presentación de listas se fijó para el 23, pero la convocatoria y el cronograma recién aparecieron en el Boletín Oficial los días 16 y 17. Un timing que, según el letrado, dejó a muchos afiliados sin margen para reaccionar.
Óscar “Pino” Rocha Alfaro
Entre los puntos más graves que se cuestionan aparecen la exhibición del padrón provisorio, las posibilidades de incorporar nuevos afiliados y las condiciones concretas para participar. Todo quedó reducido a una única lista que fue proclamada el mismo 23 de julio sin que mediara una verdadera contienda electoral. Así de simple: no hubo opciones, no hubo debate interno, no hubo competencia.
El abogado puso el dedo en otra herida que duele especialmente en una provincia tan extensa como Salta
Se habilitó una sola mesa electoral en el barrio Septiembre de San Lorenzo Chico. Una decisión que, a su criterio, dificultó de manera casi deliberada la participación de afiliados del interior. Quienes viven lejos de la capital quedaron, otra vez, al margen de un proceso que debería haber sido abierto y federal.
Mientras tanto, el Juzgado Federal N.º 1 de Salta con competencia electoral ya reconoció como autoridades partidarias a quienes resultaron electos ese 23 de julio. Esa resolución se publicó después en el Boletín Oficial de la República Argentina. Alfredo Olmedo quedó como presidente del Consejo Provincial y María Emilia Orozco al frente del Congreso Provincial. Una conducción que ahora enfrenta el peso de estas denuncias de irregularidades.
Rocha Alfaro fue más allá del caso puntual. En diálogo con Agenda Salta remarcó que un espacio político que se llena la boca hablando contra la “casta” debería ser el primero en garantizar mecanismos transparentes y participativos entre sus propios afiliados. La paradoja es evidente: el partido del gobierno nacional se muestra incapaz, al menos en Salta, de organizar una interna limpia y accesible.
El abogado insistió en que la controversia adquiere especial gravedad precisamente porque La Libertad Avanza ocupa hoy el poder en la Casa Rosada. Desde esa posición, argumentó, debería dar el ejemplo en materia de convocatoria clara, plazos razonables y reales oportunidades de participación. Lo que se vio en la provincia, en cambio, fue todo lo contrario.
Por ahora el planteo sigue su curso en la Cámara Nacional Electoral. No hay todavía una resolución definitiva sobre la validez del proceso. Pero la sola existencia de esta denuncia pone en evidencia los desmanejos de una conducción que prefirió blindarse con una sola lista y una sola mesa antes que abrir el juego a sus propios militantes. En Salta, la interna de La Libertad Avanza dejó más dudas que certezas.
Denuncian que congelaron las afiliaciones de las diputadas Bruno y Flores para impedirles votar y candidarse en la interna
Libertarios no alineados con el olmedismo aseguran que las solicitudes de Eliana Bruno y Gabriela Flores fueron freezadas a propósito, en una maniobra que busca dejarlas fuera del proceso electoral del partido en Salta.
El congelamiento de esos trámites no es un detalle administrativo cualquiera. En un partido que se jacta de abrir las puertas a la participación, dejar en stand-by las fichas de dos diputadas nacionales genera un olor a maniobra que no se puede disimular. Quienes conocen el funcionamiento interno aseguran que el trámite quedó trabado justo en el momento en que más se necesitaba tener el padrón actualizado y abierto.
La especulación que manejan los sectores no alineados con Alfredo Olmedo y María Emilia Orozco es directa. Si Bruno y Flores no lograron afiliarse a tiempo y quedaron imposibilitadas de intervenir en la elección de autoridades. Ni como votantes ni como eventuales precandidatas. Un mecanismo silencioso pero efectivo para achicar el universo de participantes y blindar el control de la estructura provincial.
Eliana Bruno y Gabriela Flores no son afiliadas de segunda. Son diputadas nacionales y su presencia en el padrón tendría un peso simbólico y político importante. Bloquearles el camino genera un mensaje claro hacia adentro del partido: quien no esté alineado con la línea oficial puede encontrar trabas hasta en los trámites más básicos.
Los libertarios críticos del olmedismo interpretan esto como parte de una estrategia más amplia. Primero se limitó la difusión y se puso una sola mesa. Después se proclamó una lista única. Ahora se frena la incorporación de voces que podrían incomodar. El patrón se repite y alimenta la idea de que la interna está diseñada para que no haya sorpresas.
Mientras tanto, la conducción provincial sigue sin dar explicaciones públicas sobre estos congelamientos. El silencio solo refuerza las sospechas. En un espacio que nació criticando las prácticas de la vieja política, estas maniobras resultan especialmente graves. Freezar afiliaciones de diputadas nacionales no es un error de carga: es una decisión que pesa.
