La fiscal penal Ana Inés Salinas Odorisio solicitó la pena de cuatro años y ocho meses de prisión para el ex intendente de San Lorenzo, Ernesto Fernando “Kila” Gonza, y tres años y seis meses de prisión para Sergio Armando, hermano de un funcionario municipal que se vio beneficiado con la contratación de su empresa para realizar obras públicas.
El caso de “Kila” Gonza, que habría ocasionado un perjuicio a las arcas de unos 40 millones de pesos actualizados al valor actual, según cálculos de Salinas Odorisio, es uno más de la larga lista de intendentes o exintendentes que han sido denunciados por delitos vinculados a su gestión.
Podemos mencionar al exjefe comunal de Salvador Mazza, Rubén Mendez, quien fue acusado por enriquecimiento ilícito (tenía varios autos de alta gama) junto con sus hijos y secuaces en calidad de partícipes necesarios: Ivanna Irene Méndez y Roque Maximiliano Méndez, su ex pareja Susana Angelita Palacio y la contadora Liliana Cristina Centeno.
En el caso del delito de peculado contra Mendaz, se suman las imputaciones de su hermano Juan Marco Méndez, su cuñado Jesús Manuel Gijena y exfuncionarios de su gestión: Oscar Rodolfo Gutiérrez, Roberto Justo Balverdi, Roque Maximiliano Méndez y Carolina Antonella Moreno.
“Los acusados teniendo a su cargo el manejo y cuidado de fondos públicos conforme las funciones respectivas de cada uno ellos, sustrajeron caudales públicos percibidos en los puestos denominados “VOVE” y “Guandacarenda” , cuyos destinos de las sumas recaudadas e ingresadas a la Tesorería Municipal se desconoce, causando con ello un perjuicio patrimonial al Estado Municipal”, sostuvo la Fiscalía en la acusación.
Otro caso es el de Rita Carreras, ex intendenta de Coronel Moldes (2015-2019). Carreras fue imputada por la Unidad de Delitos Económicos Complejos por peculado, fraude a la administración pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Entre las irregularidades denunciadas se advierte la compra de un vehículo adaptado para el traslado de personas con discapacidades que nunca se concretó.
Además, en el pedido de elevación a juicio que debe resolver el juez Diego Rodríguez Pipino se sostiene que la exjefa comunal de Cnel. Moldes vendió un tractor marca John Deere 6300 a 200 mil pesos, una cifra inferior a lo que en realidad costaría. Y finalmente se le endilga la adjudicación de lotes en forma directa y omitiendo procedimientos legales.
Manuel Cornejo también integra la lista deshonrosa. El exintendente de Campo Quijano fue imputado por incumplimiento de los deberes de funcionario y peculado. En uno de los hechos se denunció que Cornejo compro una camioneta Chevrolet que no fue registrada a nombre del Municipio, pero que sí figuró en la rendición de cuentas.
Asimismo, la Fiscalía sostiene que Cornejo constituyó plazos fijos y retiró dinero en «bolsos» sin poner en conocimiento de la existencia de dicha cuenta, «principalmente del Banco Patagonia, para llevar a cabo sus ilícitos». “Retira 60 mil”, “Necesitamos tener efectivo para hoy”, “Cuanto tenemos en las cuentas del Macro”, “Vacia las cuentas”, son algunos de los mensajes que entrecruzo el exjefe comunal con Carmen Rosa Méndez, ex funcionaria.
El exintendente de Iruya, Alfredo Soto, ha sido imputado por peculado en dos hechos; uno de ellos tiene que ver con la emisión de cheques a favor de la Municipalidad que cobró el mismo Soto, pero cuyo destino se desconoce. La segunda maniobra denunciada es por el faltante de $5.878.073,43 en la administración de un programa social (AIPAS).
Más al sur, en Rosario de la Frontera, fue denunciado el intendente Gustavo Solís por los supuestos delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario (tres hechos), fraude a la administración y cohecho. Las acusaciones surgieron tras un informe de la Auditoria General de la Provincia, organismo al que Solís le atribuyó un funcionamiento político.
Por ejemplo, a Solís le acusan la contratación irregular de Mirta Verónica Corimayo, quien tendría medidas cautelares en su contra, razón por la cual su ingreso al Estado contraviene medidas de prevención de lavado de dinero, señala el Ministerio Publico Fiscal. Otro hecho denunciado es la presunta aceptación de facturas duplicadas.
Javier Wayar de La Merced, por su parte, fue acusado por retención indebida, incumplimiento de los deberes y peculado. En la Fiscalía advirtieron presuntas irregularidades en las transferencias del Ejecutivo al Concejo Deliberante para los meses de diciembre 2019, enero a julio 2020 y septiembre del 2020.
En concreto, Wayar no habría aplicado la nueva alícuota de 6,92% establecida por ordenanza, sino la tasa anterior del 4,5%. El porcentaje tomado trastocó el funcionamiento del cuerpo deliberativo, sostienen sus denunciantes. Y finalmente el intendente ha sido acusado de omitir los procedimientos de contratación en el concurso “Cristo de la Hermandad”.
Volviendo al norte provincial nos encontramos con otro caso particular: Aguaray. El exintendente Enrique Prado, cuya gestión fue intervenida tras la aprobación de la Legislatura, quedo envuelto en el escándalo por el robo millonario de caños correspondientes a la emblemática obra Gasoducto del NEA.
Sucede que Prado dictó, en 2019, una resolución con la cual desafectó 35 kilómetros de caños en su jurisdicción y cedió los tubos a una empresa mendocina. Con esos papeles se pudieron transportar los caños a distintos lugares del país, donde fueron revendidos a un menor precio en el mercado negro. Pero todo comenzó en 2018, cuando empresarios denunciaron presiones para renunciar a la construcción del Gasoducto NEA.
También integra la lista de (ex)intendentes denunciados Ignacio Vicente Condori. El exjefe comunal de Animana fue acusado por peculado por haber retirado $549.938,89 como parte de fondos girados por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Un monto que, según las denuncias, no tuvieron los fines asignados por convenio. Condori finalmente devolvió el dinero y la imputación no se concretó.
En tanto que el ex intendente de El Bordo, Juan Rosario “Chicho” Mazzone, fue denunciado por el delito de corrupción de menores. En este caso hubo una sentencia que luego fue confirmada por el Tribunal de Impugnación.
Finalmente podemos mencionar el caso del intendente Fernando Almeda de Cafayate, quien fue denunciado por presunta malversación de fondos públicos. El dinero que giraron organismos nacionales estaba destinado a la construcción de distintas obras, como piletones, alcantarillas y bocas de registros. El concejal Rodrigo Chocobar presentó la denuncia advirtiendo irregularidades.
