En San José de los Cerrillos, el traspaso de mando de diciembre de 2023 dejó al descubierto un municipio en rojo vivo.
El intendente Enrique Borelli recibió un parque de máquinas paralizado, expedientes hechos un bollo, más de ochenta loteos sin servicios básicos y un agujero en Rentas que ya trepa a los nueve millones de pesos. Lo que parecía una transición ordenada se convirtió en escándalo cuando Gustavo Ferraris, titular de la Auditoría General de la Provincia (AGP), reconoció públicamente que el relevamiento oficial fue “incorrectamente planificado” y que él mismo se negó a firmarlo.
Ferraris no anduvo con vueltas: el corte elegido fue el 30 de septiembre de 2023, dos meses antes del cambio de gobierno. Justo los sesenta días donde, históricamente, se concentran las jugadas más sensibles: endeudamientos express, contrataciones directas, ventas express de terrenos municipales y subas de sueldo que se llevan la plata por delante. “No comparto los alcances del trabajo”, escribió en su voto disidente, y lo dejó asentado en actas para que quede clarito.
El dato que terminó de encender la mecha fue la identidad del auditor que llevó adelante el papeleo: Javier “Chamano” Cancinos, contador y amigo íntimo de la ex intendenta Yolanda Vega. Vega es nada menos que la madrina de casamiento de Cancinos. El vínculo era tan evidente que, recién en agosto de 2025, la AGP lo apartó formalmente del caso. Demasiado tarde: el informe ya estaba cocinado y aprobado por mayoría.
El documento final no registra irregularidades relevantes. Pinta un municipio sano, con las cuentas en orden y el patrimonio impecable. Pero la realidad que encontró Borelli al cruzar la puerta de la Municipalidad fue otra: camiones recolectores parados por falta de repuestos, deudas con proveedores que superan los quince millones y un padrón comercial lleno de fantasmas. Comerciantes que juraban haber pagado tasas desde 2017 mostraban recibos sellados… que nunca entraron al sistema.
Gabriela Juárez, actual titular de Rentas, puso la lupa y saltaron más de cien habilitaciones truchas. “Pagaban por afuera y les daban un papelito; la plata nunca llegaba a caja”, resume un funcionario que pide reserva. La maniobra, según los sumarios internos, involucra a ex empleados de confianza de Vega que hoy están cesanteados y con causa penal en la Fiscalía de Delitos Económicos.
Borelli no se quedó en la queja. Elevó todo al Concejo Deliberante, abrió denuncia penal y lanzó la Ordenanza 651: planes de pago con quita de intereses para que los vecinos regularicen de una vez. “Encontramos un municipio sin un peso y con servicios colapsados; hoy la mora tributaria bajó del 50 % al 30 % porque la gente ve que la plata se usa en arreglar calles y comprar maquinaria”, explica el intendente, que ya incorporó dos camiones 0 km y un tanque atmosférico para bajar el costo del desagote de pozos.
En la AGP, Ferraris insiste en que no hay persecución política. “Es un tema técnico e institucional. Lo peor sería taparlo”, repitió en radio. Pero el episodio expone una grieta profunda: la resolución 16/15 establece un “relevamiento de transición” que debe ser complementario, no sustituto, de la auditoría completa. En Cerrillos se usó como escudo para no mirar los últimos dos meses. Y el escudo lo firmó alguien que compartía asado familiar con la saliente.
Los números no mienten. La coparticipación cayó hasta 70 % en algunos meses y hoy Cerrillos necesita el 130 % de lo que ingresa solo para pagar sueldos. Los loteos irregulares autorizados entre 2021 y 2023 dejaron barrios enteros sin cloacas ni cordón cuneta. Vecinos de Paraíso y Los Álamos Este cuentan que pagaron tasas por servicios que nunca llegaron. “Nos vendieron humo en bolsas de cemento”, resume doña Rosa, comerciante de la ruta 68.
Mientras la Justicia avanza —ya hay dos ex directores de área imputados—, en Cerrillos se respira otro aire. Borelli camina las obras: asfalto en Sibero, luminarias LED en Villa Los Tarcos, refacción total del centro de salud. “Recibimos un municipio en terapia intensiva; hoy respira por sus propios medios”, dice, y muestra el nuevo parque automotor que él mismo manejó en la última tormenta para despejar arroyos.
El caso Vega-Cancinos pone en el tapete una práctica que los salteños conocemos de memoria: el control entre amigos. Ferraris promete una auditoría integral que esta vez sí mire hasta el último día. Borelli, por su parte, ya no pide explicaciones: pide resultados. Y los cerrillanos, hartos de promesas, empiezan a ver camiones circulando y luces encendidas.
En la provincia que se jacta de transparentar, Cerrillos enseña la lección: cuando el auditor es compadre de la auditada, la única cuenta que cierra es la de la impunidad. Hoy, gracias a una disidencia valiente y a una gestión que no mira para otro lado, esa cuenta empieza a pagarse. Con intereses.
