El Gobierno de Javier Milei avanzó con una nueva adquisición para las Fuerzas Armadas bajo un régimen de secreto militar que impide conocer públicamente qué equipamiento se comprará, cuánto dinero se destinará a la operación y qué empresa estará a cargo de proveerlo. La decisión quedó establecida mediante el Decreto 1205/2026, firmado por el Presidente y el ministro de Defensa, Carlos Presti.
La medida se incorpora al proceso de renovación de las capacidades militares que impulsa la administración nacional y genera interrogantes por la falta de información sobre el material que se incorporará y su posible destino operativo. Además, se conoce en un contexto de creciente tensión diplomática entre la Argentina y el Reino Unido por la soberanía de las Islas Malvinas.
El decreto dispone mantener bajo reserva los principales datos de la contratación. Por ese motivo, no se puede establecer públicamente qué tipo de armamento o equipamiento se adquirirá, cuál será su costo, qué proveedor participará ni qué fuerza recibirá el material.
La Subsecretaría de Gestión Administrativa del Ministerio de Defensa quedó a cargo de instrumentar las medidas necesarias para concretar la operación. Sin embargo, la norma no identifica a la Fuerza Aérea, el Ejército o la Armada como destinatarios específicos de la compra.
Tampoco menciona a los aviones de combate F-16 incorporados recientemente al sistema de defensa argentino, por lo que no hay elementos públicos suficientes para vincular directamente esta nueva adquisición con ese programa.
El secreto militar y las compras del Gobierno
El mecanismo utilizado por el Ejecutivo está contemplado en las disposiciones legales que permiten clasificar determinadas adquisiciones como secretas cuando se consideran relevantes para la preparación, el funcionamiento o las necesidades estratégicas de las Fuerzas Armadas.
Bajo ese régimen, la información sobre las contrataciones puede quedar exceptuada de los procedimientos habituales de publicidad. Esto significa que los datos centrales de la operación no quedan disponibles para su consulta pública en las condiciones ordinarias de las compras estatales.
No es la primera vez que la administración de Milei recurre a este instrumento. Durante su gestión, el Gobierno ya dispuso medidas de reserva vinculadas con la adquisición de los cazas F-16 a Dinamarca, la infraestructura necesaria para su operación y los acuerdos complementarios relacionados con esos sistemas de armas.
En agosto de 2026 también se estableció una reserva para una operación vinculada con la exportación temporal de material de esos aviones, destinada a tareas de mantenimiento y actualización.
El nuevo decreto, sin embargo, corresponde a un expediente administrativo diferente. La ausencia de información sobre el objeto de la compra impide determinar si se trata de armamento, vehículos, componentes tecnológicos, sistemas de vigilancia u otro tipo de equipamiento militar.
La decisión vuelve a poner en discusión el equilibrio entre las necesidades de seguridad nacional y el acceso a la información sobre el uso de los recursos públicos. Mientras el Gobierno puede justificar la confidencialidad por razones estratégicas, la falta de datos abiertos limita la posibilidad de conocer el alcance económico de la operación y sus objetivos concretos.
Malvinas, en el centro de la tensión con el Reino Unido
La adquisición reservada se conoce mientras la relación diplomática entre Buenos Aires y Londres atraviesa un período de tensión por la disputa de soberanía sobre las Islas Malvinas.
En los últimos meses, el Gobierno argentino impulsó medidas contra empresas petroleras vinculadas con actividades hidrocarburíferas en el archipiélago sin autorización de las autoridades nacionales. También promovió acciones judiciales y gestiones internacionales relacionadas con el proyecto de explotación petrolera Sea Lion.
A esas iniciativas se sumaron planes para fortalecer la presencia estratégica argentina en el extremo sur del país, entre ellos un proyecto para construir una base naval en Tierra del Fuego.
Desde el Reino Unido, las autoridades ratificaron su posición sobre las islas y cuestionaron las medidas adoptadas por la Argentina. La disputa continúa siendo uno de los principales puntos de conflicto entre ambos países, que mantienen posiciones enfrentadas sobre el ejercicio de la soberanía del archipiélago.
En este escenario, la nueva adquisición militar despierta preguntas sobre los objetivos de la política de defensa nacional. Sin embargo, la información disponible no permite afirmar que el equipamiento reservado esté destinado específicamente a reforzar la posición argentina frente al Reino Unido.
La falta de precisiones también impide conocer si la operación está relacionada con la vigilancia del Atlántico Sur, la protección de los recursos marítimos, la capacidad de respuesta ante eventuales amenazas o el fortalecimiento de otras áreas militares.
Más de USD 445 millones destinados al reequipamiento
La nueva contratación se suma a una serie de adquisiciones realizadas desde el comienzo de la gestión libertaria para recuperar y modernizar las capacidades de las Fuerzas Armadas y de los organismos de seguridad.
Entre diciembre de 2023 y agosto de 2026, el gasto destinado a armamento, equipamiento militar y material de seguridad habría superado los USD 445 millones, de acuerdo con el relevamiento consignado en la información original.
De ese total, aproximadamente USD 381,4 millones correspondieron a las Fuerzas Armadas, mientras que otros USD 63,7 millones se destinaron al área de Seguridad. El mayor volumen de compras se concentró durante 2024, cuando las operaciones alcanzaron unos USD 357,8 millones. Posteriormente, los montos registrados descendieron a USD 59,4 millones en 2025 y USD 27,8 millones durante los primeros siete meses de 2026.
Entre las incorporaciones más relevantes se encuentra la compra de 24 aviones de combate F-16 Fighting Falcon a Dinamarca, por un monto informado de USD 301,2 millones.
Las primeras aeronaves llegaron a la Argentina en diciembre de 2025 y una segunda tanda arribó en septiembre de 2026. El cronograma previsto contempla completar la incorporación del resto de los aviones antes de diciembre de 2027.
El objetivo central de este programa es recuperar capacidades de combate aéreo que quedaron debilitadas tras el retiro de los últimos aviones Mirage del servicio activo en 2015.
La renovación también incluye equipamiento para las otras fuerzas. El Ejército avanzó con la incorporación de vehículos blindados Stryker 8x8 de origen estadounidense, diseñados para cumplir diferentes funciones operativas, como el transporte de tropas, el apoyo de fuego y la evacuación médica.
Además, el Ministerio de Defensa formalizó un programa para sumar helicópteros UH-60L Black Hawk procedentes de reservas estadounidenses. La iniciativa contempla hasta 20 unidades, con un límite presupuestario de USD 140 millones, para reforzar las capacidades de transporte y asalto.
La Armada, por su parte, incorporó cuatro aviones de patrulla marítima P-3 Orion adquiridos a Noruega por USD 60 millones. Estas aeronaves están destinadas a fortalecer la vigilancia de los espacios marítimos argentinos y el control de la zona económica exclusiva.
A ese conjunto de adquisiciones se suman seis helicópteros Bell 407GXi y 48 camiones Unimog U4000 destinados a tareas logísticas del Ejército.
Submarinos y fragatas, entre los próximos proyectos
La modernización militar también contempla proyectos de mayor escala para recuperar capacidades navales que la Argentina perdió o mantiene limitadas desde hace años.
El proyecto de Presupuesto 2027 enviado al Congreso incluye autorizaciones de endeudamiento por USD 2.300 millones para la eventual adquisición de tres submarinos convencionales y otros USD 1.200 millones para dos fragatas multimisión.
Para el programa de submarinos se evaluaron alternativas de la empresa francesa Naval Group, que ofrece el modelo Scorpène Evolved, y de la alemana ThyssenKrupp Marine Systems, con su propuesta Type 209NG.
La elección dependerá de las negociaciones con los fabricantes, las condiciones de financiamiento y las autorizaciones necesarias. La inclusión de estas partidas en el proyecto presupuestario no significa que las compras estén cerradas ni que exista un contrato firmado.
La recuperación de la capacidad submarina es uno de los desafíos más importantes para la Armada Argentina desde el hundimiento del ARA San Juan, ocurrido en noviembre de 2017, en el que murieron sus 44 tripulantes.
Mientras esos proyectos continúan sujetos a decisiones políticas y presupuestarias, el Decreto 1205/2026 agrega una nueva incógnita al plan de reequipamiento. Hasta que se conozcan más precisiones, el alcance de la compra permanecerá bajo reserva y no será posible establecer qué recursos se destinarán a la operación ni qué capacidades militares se busca fortalecer.
