La Cámara de Diputados de la Provincia de Salta dio un paso firme en la lucha contra el incumplimiento de las obligaciones alimentarias al aprobar ayer un proyecto de ley que prohíbe a los deudores morosos, registrados en el Registro Provincial de Deudores Alimentarios, el ingreso a estadios deportivos, espectáculos masivos y casas de juego, como casinos. La iniciativa, que ahora pasa al Senado para su revisión, busca reforzar las medidas disuasivas para garantizar el cumplimiento de las cuotas alimentarias.
Durante el debate legislativo, la diputada Socorro Villamayor, una de las principales impulsoras del proyecto, destacó el carácter "disuasivo" de la norma. Según explicó, las restricciones aplicarán a aquellos deudores que acumulen tres meses consecutivos o cinco meses discontinuos sin cumplir con sus obligaciones. “La idea es evitar que las madres tengan que peregrinar por los pasillos de la Ciudad Judicial para exigir lo que les corresponde a sus hijos”, afirmó Villamayor, subrayando que la medida busca persuadir a los deudores a regularizar su situación al limitarles el acceso a espacios de esparcimiento social.
El proyecto se suma a recientes disposiciones aprobadas por el Concejo Deliberante de la ciudad de Salta, que ya había establecido restricciones similares, incluyendo la prohibición para que los deudores alimentarios accedan a cargos políticos en el municipio capitalino. Estas iniciativas reflejan un esfuerzo conjunto por endurecer las sanciones contra quienes incumplen con sus responsabilidades parentales.
Villamayor fue contundente al señalar que la cuota alimentaria no se limita a cubrir necesidades básicas como la comida, sino que también garantiza el acceso a educación, salud y recreación, elementos esenciales para el desarrollo integral de los menores. “El alimento de los niños no es solo un plato de comida. Cuando un padre omite su obligación, afecta directamente el crecimiento y bienestar de sus hijos”, enfatizó la legisladora, calificando el cumplimiento de esta responsabilidad como “un deber moral esencial” que, de no cumplirse, deviene en una obligación judicial.
En el recinto, se destacó que el Registro de Deudores Alimentarios de Salta cuenta actualmente con 1.447 personas, de las cuales la gran mayoría son varones y solo seis son mujeres. La aprobación del proyecto incorpora dos incisos al artículo 4º bis de la Ley 7411, que creó dicho registro, consolidando un marco legal más robusto para abordar esta problemática.
Con esta medida, la provincia busca enviar un mensaje claro: el incumplimiento de las obligaciones alimentarias no solo tendrá consecuencias legales, sino también sociales, limitando el acceso a actividades recreativas y espacios públicos. Ahora, el Senado tendrá la última palabra para convertir esta iniciativa en ley, en un contexto donde la protección de los derechos de los niños se posiciona como prioridad en la agenda legislativa.
