El senador Esteban D'Andrea presentó en la última sesión ordinaria el expediente 90-33.906/2025, que declara la necesidad de una reforma parcial de la Constitución de Salta. La iniciativa propone cambiar los artículos 99 y 143 para quitar los fueros que protegen a legisladores y al Ejecutivo de detenciones o juicios sin autorización previa de sus pares.
Según el texto, se convocaría a una Convención Constituyente con mandato exclusivo: debatir solo la eliminación de esas inmunidades. Los convencionales se elegirían por voto popular, trabajarían sin sueldo durante 30 días y usarían la estructura de la Legislatura para evitar gastos extras al erario provincial.
D'Andrea defiende la movida como respuesta a un pedido histórico de los salteños por más transparencia en la función pública. Asegura que se mantendría la inmunidad de opinión en debates legislativos, pero todos los funcionarios quedarían en igualdad ante la Justicia, sin privilegios que hoy frenan investigaciones.
La propuesta ya genera cruces fuertes en los pasillos de la Legislatura salteña. Algunos ven riesgo de que quitar fueros deje a los representantes expuestos a maniobras judiciales o presiones políticas, sobre todo en un contexto donde la confianza en los tribunales está por el piso entre los vecinos de la provincia.
El debate revive fantasmas de reformas exprés. Hace cuatro años, la Convención de 2021 dejó lagunas que después se usaron para fines políticos, según advirtió el ex convencional Guillermo Martinelli. El abogado recordó que no se incluyeron cláusulas transitorias por indicación directa del entorno del gobernador Sáenz, lo que alimentó sospechas de oportunismo.
Abrir otra vez la Constitución tan pronto genera alerta sobre la estabilidad institucional en Salta. Muchos creen que la Carta Magna no puede ser un herramienta para mandar señales electorales cada vez que la clase política necesita oxígeno, y piden un análisis serio antes de avanzar con cambios que impactan a toda la provincia.
El tema promete más roce en las próximas sesiones y pone otra vez en el centro el reclamo por igualdad ante la ley en Salta. La sociedad salteña deberá seguir de cerca si esto termina en mayor transparencia o en un nuevo round de disputas políticas disfrazadas de reforma.
