El Gobierno de Javier Milei prepara el envío al Congreso de una profunda reforma electoral que apunta a modificar varios de los pilares del sistema político argentino. El paquete de medidas incluye la eliminación de las PASO, la implementación plena de la Boleta Única de Papel, mayores exigencias para crear y mantener partidos políticos, cambios en el financiamiento de campañas y la suspensión de las elecciones directas para el Parlamento del Mercosur.
La iniciativa comenzará a discutirse en las próximas semanas y promete abrir un fuerte debate tanto en Nación como en las provincias, incluida Salta, donde cada cambio electoral suele tener impacto directo en la estrategia de los espacios políticos locales.
Uno de los puntos centrales del proyecto es la eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias. Las PASO fueron creadas para definir candidaturas dentro de los partidos y ordenar la oferta electoral, pero desde hace años reciben críticas por su costo económico y por funcionar, en muchos casos, como una gran encuesta previa a la elección general. La propuesta oficial sostiene que suprimirlas permitirá reducir gastos y simplificar el calendario electoral.
Para Salta y el resto del país, la desaparición de las PASO significaría que cada partido o frente deberá resolver sus candidaturas por mecanismos internos propios, sin una elección primaria nacional obligatoria. Esto podría beneficiar a estructuras políticas consolidadas y complicar a sectores con internas abiertas o disputas de liderazgo.
Otro eje fuerte de la reforma apunta a los partidos políticos considerados “sellos de goma”, es decir, agrupaciones con escasa representación electoral que conservan personería sin actividad política real. El proyecto establece requisitos más exigentes para constituir partidos de distrito y también para alcanzar reconocimiento nacional.
Según la propuesta, los partidos provinciales o distritales deberán acreditar afiliados equivalentes al 0,5% del padrón electoral correspondiente. Para obtener carácter nacional, una fuerza política deberá tener presencia en diez distritos, duplicando lo exigido hasta ahora. Además, perderán la personería aquellas agrupaciones que no alcancen un piso mínimo de respaldo electoral en dos elecciones consecutivas.
En la práctica, esta modificación podría impactar en numerosos espacios chicos de Argentina y también en expresiones locales de Salta que suelen competir con estructuras reducidas. El objetivo oficial es depurar la oferta electoral y dejar en carrera solo a fuerzas con representación concreta.
La Boleta Única de Papel también aparece como uno de los cambios destacados. El sistema ya fue aprobado a nivel nacional, pero ahora se buscan ajustes para su implementación total. Entre ellos, se incorpora la posibilidad de votar lista completa mediante una sola marca y se habilita que, cuando coincidan elecciones, una misma boleta incluya cargos nacionales, provinciales y municipales.
Esto podría modificar de manera importante la logística electoral en provincias como Salta, acostumbradas a otros sistemas de votación. La unificación en un solo instrumento de sufragio buscaría agilizar el acto electoral y reducir costos operativos.
En materia de transparencia institucional, el proyecto suma la denominada Ficha Limpia. La medida impediría postularse a cargos electivos a personas con condena por delitos dolosos confirmada en segunda instancia. La restricción no solo alcanzaría candidaturas legislativas o ejecutivas, sino también designaciones en cargos jerárquicos del Poder Ejecutivo.
De avanzar, funcionarios nacionales, ministros, secretarios y directivos de empresas estatales también quedarían alcanzados por esta incompatibilidad. Se trata de uno de los capítulos con mayor carga política, ya que reabre una discusión instalada hace años en Argentina sobre ética pública y antecedentes judiciales.
Otro apartado sensible es el financiamiento de la política. La reforma propone elevar los topes de aportes privados a campañas, eliminar límites de gasto electoral y concentrar el aporte estatal en un solo pago anual. A la vez, endurece sanciones para partidos que no puedan justificar el origen de los fondos o cometan irregularidades graves.
También se prohibirían donaciones provenientes de personas vinculadas a delitos tributarios, lavado de activos, narcotráfico, fraude contra la administración pública y otras causas penales de gravedad.
Uno de los puntos que más repercusión generó es la eliminación de la obligatoriedad del debate presidencial. Hasta ahora, los candidatos a presidente estaban obligados por ley a participar en debates públicos televisados. Con la reforma, esa exigencia dejaría de ser compulsiva.
Esto abre interrogantes sobre futuras campañas electorales en Argentina, ya que los debates se habían consolidado como uno de los momentos más esperados por la ciudadanía para comparar propuestas y estilos de liderazgo.
En el plano internacional, el Gobierno propone suspender la elección directa de parlamentarios del Mercosur hasta que exista una fecha común de votación entre todos los países miembros. Mientras tanto, los representantes argentinos serían designados por la Cámara de Diputados según la proporción de fuerzas políticas.
La medida implicaría dejar en pausa una instancia electoral poco conocida por gran parte del electorado, pero que forma parte de la integración regional.
El tratamiento legislativo no será sencillo. El oficialismo necesitará acuerdos con gobernadores y bloques provinciales para avanzar con una reforma de semejante magnitud. En ese escenario, las provincias tendrán un rol clave y Salta no será la excepción.
Cada cambio en las reglas de juego repercute en el armado político local, en la conformación de alianzas y en la forma en que los partidos se preparan para competir. Por eso, más allá del debate nacional, en Salta ya se sigue con atención una iniciativa que puede redefinir el mapa electoral argentino de cara a los próximos años.
