El Gobierno nacional acelera el paso para aprobar la reforma laboral en la Cámara de Diputados y asegura que cuenta con los números necesarios para convertir el proyecto en ley. Sin embargo, la denominada oposición dialoguista ya anticipó que su respaldo no será automático: acompañarían en general, pero reclaman modificaciones en artículos clave antes de la votación en particular.
La Libertad Avanza convocó para el miércoles 18 de febrero a un plenario de las comisiones de Legislación Laboral y de Presupuesto y Hacienda, donde se debatirá formalmente la iniciativa. El objetivo del oficialismo es firmar dictamen ese mismo día y llevar el texto al recinto en una sesión especial prevista para el jueves a las 14, con la intención de darle sanción definitiva.
Desde el entorno libertario transmiten confianza. La construcción de la mayoría parte de los 95 diputados propios y suma el acompañamiento habitual del PRO, sectores de la UCR, el MID y bloques provinciales que ya mostraron predisposición en otras votaciones económicas. En ese esquema, también aparecen legisladores de provincias como Salta, Misiones, Neuquén y San Juan, que suelen jugar un rol clave en votaciones ajustadas.
En los despachos oficiales hablan de superar los 140 votos afirmativos en la votación en general. La estrategia está coordinada por el presidente de la Cámara, Martín Menem, y por el titular del bloque libertario, Gabriel Bornoroni, quienes vienen manteniendo conversaciones con distintos espacios para asegurar el número.
No obstante, el mayor desafío no estaría en la aprobación general, sino en la discusión artículo por artículo. Allí es donde aparecen las diferencias. Algunos bloques que acompañarían el espíritu de la reforma anticiparon reparos sobre puntos específicos, como el Fondo de Asistencia Laboral y el régimen especial para medianas inversiones. En esos apartados, incluso aliados del oficialismo impulsan cambios o redacciones alternativas.
La convocatoria a comisiones prevé una ronda de exposiciones entre las 14 y las 17, con la participación de especialistas en derecho laboral, representantes de cámaras empresariales y dirigentes sindicales de la CGT y la CTA. Ese tramo del debate será clave para medir el clima político y social en torno a la reforma, que impacta directamente en el mercado de trabajo argentino.
El proyecto forma parte del paquete de reformas estructurales que impulsa el Gobierno para modificar las reglas laborales vigentes. Entre sus ejes principales se encuentran cambios en las modalidades de contratación, esquemas de indemnización y mecanismos de resolución de conflictos. Desde el oficialismo sostienen que la iniciativa busca “modernizar” el sistema y fomentar la generación de empleo formal en un contexto de estancamiento y alta informalidad.
En cambio, sectores sindicales y parte de la oposición advierten que algunos artículos podrían debilitar derechos adquiridos o alterar el equilibrio entre empleadores y trabajadores. Por eso, los bloques dialoguistas intentan negociar ajustes que les permitan respaldar el proyecto sin asumir el costo político de avalar puntos controvertidos.
En el caso de los diputados que responden a gobernadores, el análisis también pasa por el impacto que la reforma podría tener en las economías regionales. En provincias como Salta, donde el empleo privado convive con un fuerte peso del sector público y actividades productivas específicas, cualquier modificación en el régimen laboral genera atención especial. Los legisladores suelen evaluar cómo las nuevas normas podrían incidir en pymes, comercio y sectores vinculados a la producción.
El oficialismo apuesta a que el contexto económico y la necesidad de enviar señales de estabilidad a los mercados jueguen a su favor. En ese sentido, remarcan que la reforma laboral es una pieza clave dentro del esquema general de cambios estructurales y que su aprobación enviaría un mensaje político de gobernabilidad.
La sesión especial prevista para el jueves será, en definitiva, una prueba de fuego para la capacidad de negociación del Gobierno en la Cámara baja. Si logra superar la barrera de los 140 votos en general, el foco pasará inmediatamente a la votación en particular, donde cada artículo puede abrir un nuevo frente de discusión.
Mientras tanto, en los pasillos del Congreso se multiplican las reuniones informales, los intercambios de borradores y las conversaciones cruzadas. Nadie quiere quedar afuera de la foto final, pero tampoco cargar con el costo de una reforma que divide opiniones.
Con el calendario legislativo en marcha y el recinto como escenario decisivo, la reforma laboral se encamina a un debate intenso. El Gobierno confía en los números; la oposición dialoguista exige cambios. El desenlace dependerá de cuánto estén dispuestos a ceder unos y otros en las próximas horas.
