La Cámara de Diputados de la Nación inició este miércoles el debate por la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional, en una sesión que promete extenderse por al menos 12 horas y que marcará un punto de inflexión en el escenario político argentino. Con 130 legisladores sentados en sus bancas, el presidente del cuerpo, Martín Menem, dio por alcanzado el quórum y habilitó el tratamiento del proyecto que ya cuenta con media sanción del Senado.
La discusión llega a la Cámara baja luego de una votación ajustada en el Senado, donde la iniciativa fue aprobada en general con 42 votos afirmativos y 30 negativos. Para lograr ese respaldo, el oficialismo debió aceptar más de 20 modificaciones al texto original, en un intento por acercar posiciones con sectores dialoguistas y garantizar los números necesarios.
La sesión comenzó con un clima tenso y cruces directos entre los principales bloques. Desde Unión por la Patria, su presidente, Germán Martínez, cuestionó con dureza a los legisladores que facilitaron el quórum para habilitar el debate. En un discurso encendido, los instó a “poner la cara” y asumir el costo político de acompañar una reforma que, según la oposición, recorta derechos laborales históricos.
El oficialismo, por su parte, defendió la reforma laboral como una herramienta necesaria para modernizar el mercado de trabajo en Argentina, fomentar la generación de empleo formal y reducir la litigiosidad. Argumentan que la normativa vigente desalienta la contratación y profundiza la informalidad, un problema estructural que también golpea con fuerza en provincias como Salta.
En el norte argentino, el debate no pasa desapercibido. En Salta, donde el empleo privado formal convive con altos niveles de trabajo en negro y economías regionales que dependen de actividades como el tabaco, la minería y el turismo, cualquier modificación en las reglas laborales genera expectativa e incertidumbre. Empresarios pymes salteños siguen de cerca el tratamiento del proyecto, mientras que gremios locales ya manifestaron su preocupación por posibles retrocesos en materia de indemnizaciones, convenios colectivos y condiciones de contratación.
El proyecto de reforma laboral incluye cambios en los períodos de prueba, modificaciones en los esquemas de indemnización, incentivos para la registración de trabajadores y nuevas modalidades contractuales. También propone mecanismos alternativos para la resolución de conflictos laborales, con el objetivo de reducir la cantidad de juicios y los costos asociados para las empresas.
Para el Gobierno nacional, se trata de la segunda gran batalla legislativa del año. La primera fue la aprobación de la ley de bases, que también atravesó un camino complejo en el Congreso. En esta oportunidad, la estrategia oficial apunta a consolidar alianzas circunstanciales que permitan avanzar con el paquete de reformas estructurales prometidas durante la campaña.
En Diputados, el escenario es más fragmentado que en el Senado. Los bloques dialoguistas vuelven a ocupar un lugar central en la definición del resultado final. La votación en particular artículo por artículo podría extender la sesión hasta la madrugada, en una jornada que ya se anticipa maratónica.
Desde el oficialismo insisten en que la reforma laboral no implica una pérdida de derechos, sino una actualización necesaria frente a los cambios del mundo del trabajo. Señalan que la legislación actual fue pensada para otra realidad productiva y que hoy muchas empresas, especialmente pequeñas y medianas, no pueden asumir los costos de contratación formal.
La oposición, en cambio, advierte que el proyecto abre la puerta a la precarización y debilita la protección de los trabajadores. Legisladores opositores sostienen que, en un contexto de inflación alta y caída del poder adquisitivo, avanzar con una reforma de este tipo profundizará la conflictividad social.
En Salta, la discusión también se cuela en la agenda política local. Diputados nacionales por la provincia deberán fijar posición en un tema sensible que impacta directamente en miles de familias salteñas. Sectores vinculados al comercio, la construcción y la actividad agroindustrial observan con atención el desenlace de la sesión.
El debate sobre la reforma laboral se da en un contexto económico complejo para Argentina. La recesión, la retracción del consumo y las dificultades para sostener la actividad productiva generan presión sobre el mercado laboral. En ese escenario, el Gobierno apuesta a que una flexibilización de ciertas normas incentive nuevas contrataciones y blanquee puestos de trabajo hoy informales.
