El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) confirmó definitivamente el laudo arbitral favorable a Casinos Austria International en la causa iniciada por la revocación de la licencia de Enjasa, ocurrida en Salta durante el gobierno de Juan Manuel Urtubey.
Con esta resolución, quedó firme una condena que obligará al Estado argentino -y políticamente a Salta- a afrontar un desembolso superior a los 45 millones de dólares, entre capital, intereses, costas y gastos judiciales.
La decisión del tribunal internacional representa un duro revés institucional para la Provincia, pero además instala un interrogante político de fondo: cómo una decisión administrativa adoptada hace más de una década terminó transformándose en una de las condenas económicas más gravosas vinculadas a la historia reciente salteña.
La decisión que detonó el conflicto
El conflicto se originó en 2013, cuando el Ente Regulador de Juegos de Azar (ENREJA), bajo la gestión de Urtubey, resolvió revocar la licencia de Enjasa, empresa que explotaba el negocio de los juegos de azar en la provincia.
La concesión había sido otorgada en 1999, durante la gestión de Juan Carlos Romero, por un plazo de 30 años. A partir de allí, Casinos Austria ingresó como inversor extranjero y pasó a controlar indirectamente el 60% de la firma.
El gobierno provincial justificó la rescisión en presuntas irregularidades administrativas vinculadas al funcionamiento de la empresa.
Sin embargo, el CIADI consideró que la sanción aplicada fue “desproporcionada” y concluyó que la Provincia avanzó con una medida extrema sin acreditar una violación sistemática de las normas que justificara destruir por completo la inversión extranjera.
En otras palabras, el tribunal entendió que el Estado argentino violó el tratado bilateral de inversiones firmado entre Argentina y Austria y ejecutó una expropiación ilícita.
El laudo original había establecido una indemnización de USD 21,6 millones. Pero el paso del tiempo y la acumulación de intereses elevaron exponencialmente la deuda.
Actualmente, la cifra supera:
- USD 36 millones por capital e intereses.
- Más de USD 2 millones por costas procesales adicionales.
- Más de EUR 6,2 millones por gastos arbitrales e intereses, equivalentes a unos USD 7,2 millones.
La sumatoria total ya supera ampliamente los USD 45 millones. Fuentes consultadas por El Tribuno advitieron que el monto sería superior a esa cifra.
Se trata de una cifra impactante para las finanzas provinciales, especialmente en un contexto de restricciones presupuestarias y caída de recursos públicos.
El peso político de la responsabilidad
Aunque el conflicto tiene antecedentes previos, la decisión central que detonó la condena internacional fue adoptada durante el gobierno de Juan Manuel Urtubey.
La resolución de quitar la licencia 17 años antes de su vencimiento terminó siendo considerada arbitraria por el tribunal internacional y derivó en una condena multimillonaria que ahora deberá afrontar el Estado.
Un antecedente que preocupa
Más allá del impacto económico inmediato, el fallo deja un fuerte daño institucional sobre la imagen de Salta ante potenciales inversores extranjeros.
La confirmación de que el Estado violó un tratado internacional de protección de inversiones reabre el debate sobre la seguridad jurídica provincial y podría tener consecuencias futuras en otros litigios sensibles.
Entre ellos aparecen causas vinculadas a:
- Aunor, por la rescisión del servicio privado de peajes.
- Aguas de Salta, cuya concesión fue anulada en 2009.
En ámbitos jurídicos y económicos ya advierten que el fallo del CIADI podría transformarse en un antecedente de peso para futuras demandas contra la Provincia.
Y mientras la discusión política sigue abierta, hay una certeza que quedó sellada en el tribunal internacional: una decisión tomada durante la gestión de Urtubey terminó convirtiéndose en una obligación millonaria que ahora deberán afrontar todos los salteños.
