Este jueves 1 de octubre el Gobierno de Salta formalizó la promulgación de las normas que le permiten acceder a un financiamiento total de hasta 250 millones de dólares. Las disposiciones, ya publicadas en el Boletín Oficial, despejan el camino para que la Provincia instrumente dos operaciones distintas de toma de deuda.
La primera de ellas autoriza la emisión de títulos públicos en el mercado local de capitales por un monto máximo de 150 millones de dólares. Esos fondos tendrán un destino exclusivo: cancelar capital e intereses pendientes del Título Público Plan Bicentenario, cuyos vencimientos se concentran en diciembre de 2026 y en junio y diciembre de 2027.
La segunda norma habilita a la Provincia a gestionar hasta 100 millones de dólares ante el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, organismo del Banco Mundial. El crédito está orientado al proyecto de Infraestructura Resiliente para el Desarrollo Económico Regional y la Creación de Empleo, con énfasis en obras de infraestructura, minería y sectores productivos asociados.
El préstamo del BIRF contempla un plazo de amortización de 32 años, un período de gracia de siete años y un esquema de desembolsos que se extiende por seis años. Además, la ley permite respaldar las obligaciones con recursos de la Coparticipación Federal de Impuestos.
Con la publicación de ambas normas, el Poder Ejecutivo quedó en condiciones de avanzar en la instrumentación concreta de los dos mecanismos. La operatoria busca aliviar la carga de vencimientos de corto plazo del Plan Bicentenario mientras se abre una línea de financiamiento de largo plazo para obras que apunten a dinamizar la economía salteña.
En el escenario actual de las finanzas provinciales, estas autorizaciones representan una herramienta para reordenar pasivos y sostener inversiones en infraestructura crítica. El mercado local de capitales y el organismo multilateral aparecen así como las dos vías elegidas para captar los recursos necesarios.
La Provincia de Salta suma de esta manera un marco legal que le permite operar con mayor previsibilidad sobre sus compromisos financieros. La formalización de las leyes cierra el proceso legislativo y deja en manos del Ejecutivo la ejecución de las operaciones de deuda.
Queda ahora por delante la etapa de implementación, en la que se definirán los detalles de emisión de los títulos y las condiciones finales del préstamo con el BIRF, siempre dentro de los límites establecidos por las normas recién promulgadas.
