En medio de una creciente polémica política, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, decidió desplazar a su jefe de Gabinete, Leandro Massaccesi, tras conocerse que el funcionario había accedido a un crédito hipotecario otorgado por el Banco Nación.
La salida se produjo en las últimas horas y, según trascendió, fue solicitada de manera preventiva por la propia funcionaria. La decisión no estaría vinculada a una supuesta irregularidad en la operación financiera, sino a una cuestión de criterios internos dentro del ministerio, particularmente en lo referido a la exposición pública de sus integrantes.
De acuerdo a fuentes cercanas a la cartera, Pettovello no cuestionó el acceso al crédito en sí mismo, pero consideró que la situación no se ajustaba al “perfil bajo” que busca mantener en su equipo de trabajo. En un contexto político y económico sensible, cualquier hecho que pueda generar ruido o sospechas se evalúa con especial atención dentro del Gobierno nacional.
El episodio se da luego de que saliera a la luz que un grupo de funcionarios del oficialismo, tanto del área económica como del ámbito legislativo, accedió a créditos hipotecarios de hasta 350.000 dólares a través del Banco Nación, la principal entidad financiera estatal del país.
La información generó cuestionamientos desde sectores de la oposición, que impulsaron un pedido de informes para conocer en detalle las condiciones en las que se otorgaron estos préstamos. Entre los puntos que buscan esclarecer se encuentran los requisitos exigidos, los criterios de evaluación y si existió algún tipo de trato preferencial hacia funcionarios públicos.
Frente a estas críticas, desde el banco negaron cualquier tipo de irregularidad y aseguraron que todos los créditos fueron otorgados bajo las mismas condiciones que rigen para el resto de los ciudadanos. “No hay excepciones. El que califica, accede”, fue la explicación que se difundió para despejar dudas sobre posibles privilegios.
En la misma línea, desde el oficialismo salieron a relativizar la polémica y sostuvieron que el acceso al crédito es una práctica habitual en cualquier país. Con ese argumento, buscaron quitarle peso a las acusaciones y enmarcar la situación dentro de una operatoria financiera común.
Sin embargo, la decisión de Pettovello de pedir la renuncia de Massaccesi muestra que, más allá de las explicaciones formales, el tema generó incomodidad dentro del propio Gobierno. En un escenario donde la gestión nacional busca consolidar una imagen de austeridad y control del gasto, este tipo de situaciones adquiere una sensibilidad particular.
La salida del funcionario también deja en evidencia el nivel de exigencia interna que intenta imponer la ministra en su área. Capital Humano es uno de los ministerios más relevantes dentro de la estructura del Gobierno, con competencias que abarcan políticas sociales, educación y empleo, por lo que cualquier controversia puede tener un impacto político significativo.
En provincias como Salta, donde las políticas sociales tienen un peso importante en la vida cotidiana de la población, las decisiones que se toman en esta cartera son seguidas de cerca. La percepción de transparencia y equidad en la gestión de los recursos públicos resulta clave para sostener la confianza ciudadana.
El caso también reaviva el debate sobre la relación entre funcionarios públicos y el acceso a beneficios financieros en entidades estatales. Aunque desde el Gobierno insisten en que no hubo privilegios, la discusión sobre la ética y la oportunidad de estas decisiones sigue abierta.
Por el momento, no se conocieron más detalles sobre quién reemplazará a Massaccesi en el cargo ni cómo se reorganizará el equipo dentro del ministerio. Tampoco hubo declaraciones públicas extensas por parte de Pettovello, que optó por manejar la situación con discreción.
Mientras tanto, el episodio suma un nuevo capítulo a la agenda política nacional, en un año donde la gestión económica, la transparencia y la conducta de los funcionarios se encuentran bajo permanente escrutinio.
La evolución de la polémica y las respuestas que puedan surgir en los próximos días serán clave para determinar si el tema logra desactivarse o si, por el contrario, continúa escalando en el debate público. En cualquier caso, la decisión de la ministra ya marcó una señal clara hacia adentro del Gobierno: evitar cualquier situación que pueda poner en duda la imagen que se busca proyectar.
