Durante la última sesión del Senado de la Provincia de Salta, la problemática que envuelve al servicio de anestesiología en hospitales públicos se coló con fuerza en el debate legislativo. Los senadores alzaron la voz contra lo que calificaron como una “corporación” que, según denunciaron, estaría manipulando la disponibilidad de profesionales anestesistas en función de intereses económicos, dejando en evidencia una creciente tensión entre el sistema de salud y un sector clave del ámbito médico.
Los legisladores señalaron que existe un grupo organizado de profesionales, nucleados en una asociación civil, que estaría definiendo cuántos anestesistas pueden trabajar en la provincia y bajo qué condiciones, desafiando la autoridad del Estado para administrar la salud pública. Esta situación, que ya derivó en la reprogramación de cirugías y la paralización de prácticas quirúrgicas en varios hospitales del interior, generó preocupación en el cuerpo legislativo y motivó un fuerte llamado al Poder Ejecutivo provincial para que actúe con firmeza.
Uno de los pronunciamientos más enfáticos vino del senador Miguel Calabró, representante del departamento La Caldera, quien calificó la situación como un claro atropello a las facultades estatales. “Un grupo de señores se arrogan la potestad de decidir cuántos anestesistas puede haber en Salta, cuando esa es una función del Estado. No puede ser que una sociedad civil maneje semejante poder sobre un servicio esencial”, expresó con dureza.
Calabró también advirtió que esta asociación estaría impidiendo el ingreso de nuevos profesionales al sistema público por considerar que los honorarios ofrecidos no son acordes a sus expectativas. “La Provincia nombró a dos anestesistas, pero esta asociación no los dejó asumir porque iban a cobrar menos que en el sector privado. No se trata de discutir sueldos, sino de garantizar que la salud pública funcione”, agregó.
La polémica se intensifica en un contexto donde la demanda de intervenciones quirúrgicas se mantiene alta en todo el territorio salteño, y donde muchos hospitales, especialmente en zonas alejadas de la capital, se ven obligados a suspender operaciones por la falta de anestesistas dispuestos a trabajar bajo el esquema estatal. Según señalaron los senadores, de 150 cirugías programadas en algunos nosocomios, apenas se están realizando 15, lo que genera malestar en la población y sobrecarga en los profesionales que siguen en actividad.
Walter Cruz, senador por Iruya, también se sumó al reclamo y fue aún más lejos en sus declaraciones. Denunció que se está frente a un “bloque corporativo que decide a quién atender, cuándo y dónde”, y exigió que se analicen posibles medidas legales para enfrentar la situación. “Esto no es solo un problema salteño, es una cuestión nacional. Esta asociación está jugando con la salud de los salteños y de todos los argentinos. No podemos permitir que un sector, por más técnico que sea, se ubique por encima del Estado y de la sociedad”, lanzó.
Cruz incluso planteó la posibilidad de aplicar la ley antimonopolio si se comprueba que existe una práctica sistemática de obstrucción al servicio público. “La Fiscalía de Estado debería intervenir. No se puede naturalizar que una corporación tenga tanto peso en un área tan sensible como la salud pública. Estamos hablando de vidas humanas”, subrayó.
La discusión de fondo gira en torno al delicado equilibrio entre la justa remuneración de los profesionales de la salud y la necesidad de asegurar la cobertura médica en todo el territorio provincial. Los senadores aclararon que no buscan desmerecer el trabajo de los anestesistas ni minimizar su formación, pero señalaron que cuando se trata de salud pública, debe primar el interés general por sobre los beneficios individuales o sectoriales.
El conflicto con los anestesistas no es nuevo en Salta, pero ha cobrado una nueva dimensión en los últimos meses, ante la falta de acuerdos y el crecimiento de la tensión institucional. Los hospitales, en particular los de menor complejidad ubicados en el interior profundo, son los más afectados por esta disputa, quedando muchas veces a la deriva cuando los anestesistas no aceptan trabajar por los montos que el Estado puede pagar.
Desde el Senado no descartaron convocar a una mesa de diálogo entre el Ministerio de Salud, los gerentes de hospitales y los representantes de la Asociación de Anestesistas, aunque también dejaron en claro que, de no haber avances, el camino judicial podría ser inevitable.
Mientras tanto, cientos de pacientes en toda la provincia siguen esperando por cirugías que se postergan sin fecha definida, en medio de un sistema que ya venía golpeado por la falta de recursos, y que ahora enfrenta un nuevo frente de crisis. La salud pública en Salta, una vez más, queda en el centro del debate político, social y ético.
El desafío para el Gobierno provincial será encontrar una salida que no solo resuelva el conflicto con los anestesistas, sino que también garantice el acceso equitativo a la atención médica en todo el territorio. La pregunta que queda flotando es: ¿quién tiene realmente el poder de decidir sobre la salud en Salta? El Estado o los intereses privados.
