Un fallo judicial federal marcó un freno a la suspensión masiva de pensiones por discapacidad y obliga al Gobierno a restituir todos los beneficios interrumpidos, además de pagar los haberes adeudados. La medida, dictada por el Juzgado Federal N° 2 de Catamarca, tiene alcance nacional y un impacto directo en cientos de familias salteñas que habían quedado sin cobertura.
La resolución también ordena a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) que se abstenga de continuar con auditorías o suspensiones mientras no haya una sentencia definitiva sobre el tema. El organismo cuenta con un plazo de 24 horas para acatar lo dispuesto.
El fallo extiende los efectos de un amparo colectivo que ya estaba vigente en Catamarca desde septiembre, luego de las suspensiones aplicadas bajo el decreto 843/2024. En esa provincia y en muchas otras, incluidas localidades del norte salteño, la medida había dejado sin ingresos a personas con discapacidad que dependen de ese beneficio para cubrir gastos médicos, movilidad o alimentación.
La sentencia reconoce que se trata de un caso colectivo, ya que las suspensiones se aplicaron de forma homogénea, sin contemplar las particularidades de cada situación. Por eso, ordena que se reactive el pago a todos los afectados del país sin necesidad de hacer presentaciones individuales.
En Salta, donde las pensiones por discapacidad tienen un rol clave en sectores vulnerables, la resolución fue recibida con alivio por organizaciones sociales y familias que venían reclamando respuestas desde hace meses. Muchos salteños, sobre todo en zonas rurales o alejadas, se habían quedado sin su único ingreso mensual.
Con esta decisión judicial, se espera que los pagos sean restablecidos de forma inmediata y sin trabas administrativas. La Justicia dejó claro que no se puede avanzar con recortes sin garantizar previamente los derechos básicos de las personas con discapacidad.
Aunque el proceso de fondo sigue su curso, el fallo marca un precedente importante en defensa de los derechos sociales y pone un freno a una política que había generado fuerte rechazo en distintos puntos del país. En Salta, las familias ahora esperan que lo ordenado en los tribunales se cumpla con la urgencia que la situación requiere.
