La Fiscalía reafirmó su postura para que el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) avance con el decomiso de bienes de la expresidenta Cristina Kirchner y del empresario Lázaro Báez, desestimando el intento de la defensa de trasladar la ejecución al fuero Civil y Comercial. El dictamen fue firmado por el fiscal Mario Villar, quien destacó que el proceso debe continuar en Comodoro Py, bajo competencia penal.
Villar sostuvo que el decomiso busca eliminar las ventajas patrimoniales obtenidas de manera ilícita, que podrían incentivar nuevos delitos. Por este motivo, instó a los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso a darle continuidad al trámite y avanzar con la medida sobre los bienes vinculados a contratos de obra pública investigados en la causa Vialidad.
La defensa de la expresidenta cuestionó tanto el monto fijado por la Justicia como el método utilizado por los peritos para calcularlo, en un intento por dilatar el proceso. Al respecto, Villar aclaró que la cifra se basa en la manipulación ilícita de los procesos licitatorios y los sobreprecios en las adjudicaciones de los contratos, información que ya fue investigada y revisada hasta alcanzar la cosa juzgada en el marco del debido proceso.
El fiscal enfatizó que la intención de trasladar el caso al fuero Civil y Comercial es un error conceptual, ya que el decomiso no se trata de una indemnización ni de un resarcimiento civil, sino de una herramienta del Estado para recuperar bienes relacionados con actividades ilícitas. “El decomiso es la herramienta que posee el Estado para procurarse los bienes que sirvieron para cometer un hecho ilícito o que son producto de aquél”, explicó Villar.
Actualmente, la Sala IV de la Cámara de Casación, compuesta por Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña, analiza el planteo de la defensa de Kirchner. Mientras tanto, los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola solicitaron que se avance sin demoras en la ejecución de veinte inmuebles pertenecientes a la familia Kirchner. Sin embargo, el TOF 2 aguardará la resolución de Casación antes de actuar.
La Cámara de Casación tiene cinco días hábiles para pronunciarse sobre el planteo, un paso clave que podría despejar el camino para la ejecución de los bienes en cuestión y definir el rumbo de la causa en esta etapa procesal.
Con este dictamen, la Fiscalía reafirma su postura de mantener la competencia penal en Comodoro Py y garantizar que los bienes vinculados a presuntas irregularidades en la obra pública sean recuperados por el Estado, mientras se espera la resolución final de Casación.
