Frente al Monumento Nacional a la Bandera en Rosario, Argentina vivió un acto cargado de símbolos contradictorios.
Lo que tenía que ser una jornada de unidad patria, de homenaje al creador de nuestra enseña y a los valores que representó Manuel Belgrano —honestidad a toda prueba, austeridad, compromiso con la cosa pública— se convirtió en un escenario donde el Gobierno nacional decidió bancar, con abrazos y presencia protagónica, a un funcionario envuelto en serias sospechas de corrupción.
Manuel Adorni, jefe de Gabinete de Ministros, no solo estuvo presente. Fue mimado. El Presidente lo saludó al llegar y al retirarse, en un gesto que no pasó inadvertido para nadie. Mientras tanto, la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, que había sido invitada por el gobernador Maximiliano Pullaro y no por la Casa Rosada, quedó relegada al sector provincial. Un detalle protocolario que dice mucho más de lo que parece: en la fecha que celebra lo que nos une como pueblo, el oficialismo nacional optó por la división y por proteger a uno de los suyos.
Villarruel lo dijo con crudeza y sin vueltas, como corresponde en estos casos: “No era un acto para apoyar a Adorni. Y no hay nadie más peleado con los valores de Belgrano que Adorni”. Sus palabras resuenan fuerte porque vienen de alguien que forma parte del mismo espacio político, pero que parece conservar algo de sentido común cuando se trata de decencia pública. Para la vicepresidenta, el 20 de junio tenía que ser para recordar la Bandera, honrar a los rosarinos, a Santa Fe y al general que entregó todo por la patria. “Lo de Adorni está totalmente de más”, remató.
Y tiene razón. Belgrano fue un hombre de una honestidad casi legendaria. Vendió sus bienes, puso su fortuna al servicio de la causa independentista y murió en la pobreza. Contrastar esa figura con un funcionario que en pocos años vio crecer su patrimonio de manera inexplicable —propiedades, reformas pagadas en efectivo sin facturas claras, viajes de lujo en jet privado, criptomonedas “olvidada” en declaraciones juradas— resulta ofensivo para cualquier argentino de bien.
El caso Adorni no es un detalle menor ni una “campaña de desprestigio”, como intentan minimizar desde el oficialismo. Son hechos concretos: un salto patrimonial que no se condice con los ingresos declarados, explicaciones que cambian según el día (primero no había nada, después se “olvidó” de medio millón de dólares), y un silencio incómodo frente a las preguntas que cualquier funcionario decente debería responder sin titubeos. En un gobierno que llegó al poder gritando “contra la casta” y prometiendo terminar con los privilegios, sostener a un jefe de Gabinete bajo estas sospechas es una bofetada a quienes creyeron en ese discurso.
Peor aún es elegir precisamente el Día de la Bandera para exhibirlo. El acto en Rosario no era un evento partidario ni un mitin de apoyo. Era —o debía ser— un momento de reafirmación de los valores republicanos. Honestidad, transparencia, servicio al interés general. Valores que Belgrano encarnó como pocos. Ver al Presidente abrazando a quien representa justamente lo contrario genera un mensaje pésimo: para este Gobierno, la lealtad interna vale más que la ética pública.
No se trata solo de Adorni. Se trata de un patrón. De una tolerancia selectiva frente a las irregularidades cuando involucran a los propios. Mientras se ajusta el cinturón a jubilados, trabajadores y sectores vulnerables, ciertos funcionarios parecen haber encontrado la forma de mejorar notablemente su calidad de vida. Y el Presidente, en lugar de exigir explicaciones claras y, eventualmente, separar al sospechado hasta que la Justicia esclarezca, decide bancarlo y exhibirlo en el acto más simbólico del calendario patrio.
Villarruel, con su presencia y sus declaraciones, marcó distancia. No aplaudió el discurso presidencial, miró la Bandera cuando sonaba el Himno y recibió el cariño de excombatientes y gente de las Fuerzas Armadas. Gestos que, en medio de la tensión, hablan de prioridades distintas. Ella entiende que la Bandera cobija a todos los argentinos y que un acto de estas características no puede usarse para blanquear situaciones turbias.
El Gobierno, en cambio, parece no haberlo comprendido. O peor: lo comprendió y no le importó. Prefirió la foto con Adorni antes que la imagen de unidad nacional. Prefirió defender al cuestionado antes que honrar sin fisuras la memoria de Belgrano.
Esto no es un problema de internas palaciegas. Es un problema ético de fondo. Los argentinos estamos hartos de que la corrupción —o al menos las sospechas serias de corrupción— sea tolerada cuando viene de “los nuestros”. Vinimos a cambiar eso, se dijo. Pero los hechos demuestran que, en algunos casos, el cambio fue solo de nombres y no de prácticas.
La Bandera merece funcionarios que no la manchen con sospechas. Belgrano merece que su legado no sea usado como escenografía para proteger a quienes parecen haber olvidado que el poder es un servicio, no un negocio.
El episodio de este 20 de junio quedará como un símbolo lamentable: en el día de la unidad y la honestidad, el Gobierno eligió la protección de un sospechado. Un error político grave. Pero, sobre todo, un error moral que los argentinos no deberíamos olvidar.
