La Cámara de Senadores de Salta otorgó media sanción a un proyecto de ley que busca prohibir el uso de teléfonos celulares y otros dispositivos de comunicación por parte de personas privadas de la libertad en cárceles y comisarías de toda la provincia. La iniciativa ahora deberá ser tratada por la Cámara de Diputados en revisión.
La medida apunta a reforzar los controles dentro de las unidades penitenciarias y evitar el uso indebido de tecnología para la comisión de delitos desde el interior de los establecimientos. Según lo expuesto en el debate legislativo, el objetivo es reducir maniobras como estafas, amenazas y extorsiones que, en muchos casos, se originan desde lugares de detención.
El proyecto también contempla la instalación de inhibidores de señal en los establecimientos carcelarios y dependencias policiales, una herramienta tecnológica que busca bloquear las comunicaciones no autorizadas y complementar los mecanismos de seguridad existentes.
Durante el tratamiento en el recinto, se remarcó que el uso de celulares dentro de las cárceles representa un riesgo directo para la seguridad pública. En ese sentido, se sostuvo que las herramientas de control actuales resultan insuficientes para evitar el ingreso y la circulación de estos dispositivos en los establecimientos penitenciarios de Salta.
Además, se planteó que la iniciativa no busca eliminar por completo el derecho a la comunicación de las personas privadas de la libertad, sino ordenar y regular su acceso a través de canales institucionales. En ese marco, se prevé habilitar sistemas de telefonía controlada para garantizar el contacto con familiares, bajo condiciones supervisadas.
El proyecto establece que la comunicación autorizada deberá realizarse mediante medios provistos por el Estado y con fines estrictamente familiares o legales, evitando el uso de dispositivos personales que puedan facilitar actividades ilícitas.
Con esta media sanción, la propuesta avanza hacia la Cámara de Diputados, donde continuará su tratamiento legislativo. En caso de ser aprobada de forma definitiva, Salta incorporaría un esquema más restrictivo en el uso de tecnología dentro del sistema penitenciario, alineado con políticas de seguridad que buscan limitar el accionar delictivo desde el interior de las unidades de detención.
