Los 25 profesionales que trabajan en la sede salteña del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) se encuentran en estado de alerta y movilización luego de que se les comunicara la orden de desalojar de manera inmediata el edificio que ocupan en el Parque Industrial de la provincia desde 2010. La medida encendió las alarmas internas y generó preocupación por el futuro de la delegación y de los servicios que presta en Salta.
Según relató la delegada gremial del organismo, la notificación se transmitió en una reunión urgente convocada por autoridades regionales, donde se informó que el personal debía abandonar el inmueble en el corto plazo. La decisión tomó por sorpresa a los trabajadores, que venían desempeñando sus tareas en ese espacio sin cambios estructurales recientes en su funcionamiento.
El conflicto se originó a partir de una nota enviada por el Ente General de Parques Industriales, en la que se establece un plazo de 90 días para la desocupación del edificio. Sin embargo, desde el sector gremial sostienen que el documento se apoya en un convenio firmado en 2023 que no reemplazaría el acuerdo original de instalación del INTI en el predio, vigente desde 2010, lo que abre dudas sobre la validez del requerimiento y su alcance real.
En este contexto, los trabajadores advierten que la situación se inscribe en un proceso más amplio de ajuste sobre el organismo a nivel nacional. Señalan que en los últimos meses se repitieron episodios de incertidumbre operativa, como jornadas de teletrabajo dispuestas sin demasiadas explicaciones, lo que alimenta la percepción de un escenario de reducción progresiva de actividades.
A esto se suma que el INTI atraviesa actualmente una medida cautelar impulsada por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), que restringe la posibilidad de implementar cambios que afecten tanto al personal como al funcionamiento del instituto hasta el mes de noviembre. Desde el sector sindical remarcan que cualquier avance administrativo en este contexto debería ser evaluado con cautela.
Uno de los principales puntos de preocupación está vinculado al impacto que podría tener un eventual traslado o cierre de la sede en Salta sobre los laboratorios técnicos que allí funcionan. Entre ellos se destaca el laboratorio de masas, utilizado para controles vinculados al sector tabacalero, una actividad productiva clave en la provincia y la región.
También se encuentra en la sede el laboratorio de aguas, considerado único en el país por su capacidad de medición de caudales, además de otros equipos desarrollados a lo largo de los años que prestan servicios a distintos sectores productivos locales. Los trabajadores advierten que su desarticulación podría generar un vacío técnico difícil de reemplazar en el corto plazo.
Mientras tanto, el personal continúa en estado de alerta, a la espera de definiciones oficiales que clarifiquen el futuro del edificio y de la delegación. En Salta, el caso ya genera preocupación en ámbitos productivos y laborales, ante la posibilidad de que se vea afectada la continuidad de servicios tecnológicos considerados estratégicos para la provincia.
