Con el objetivo de reunir un millón de firmas en todo el país, familias de estudiantes universitarios y preuniversitarios lanzaron una campaña nacional para exigir el cumplimiento efectivo de la Ley de Financiamiento Universitario y llevar el reclamo ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina. La iniciativa busca presionar para que se garantice la aplicación de la normativa vigente y se asegure el sostenimiento del sistema de educación pública.
En Salta, la propuesta ya cuenta con adhesiones de padres y madres del Instituto de Educación Media (IEM), dependiente de la Universidad Nacional de Salta, que se sumaron a una red de comunidades educativas de distintas provincias que vienen articulando el reclamo desde hace semanas.
El impulso de la campaña se da en un contexto de tensión en el sistema universitario, atravesado por discusiones salariales, medidas de fuerza y cuestionamientos al financiamiento del sector. Según explican los organizadores, el objetivo central es visibilizar el alcance nacional del conflicto y sostener la defensa de la educación pública como una política de Estado.
Desde el espacio de familias autoconvocadas del IEM, Pablo Rodríguez explicó que el trabajo se viene desarrollando de manera sostenida junto a otras provincias. Señaló que el lanzamiento nacional busca ampliar la participación ciudadana y reforzar el pedido de cumplimiento de una ley que ya fue sancionada y ratificada por el Congreso.
En ese marco, remarcan que la situación actual no se trata de un reclamo sectorial limitado a docentes o estudiantes, sino de una problemática que impacta directamente en el funcionamiento de universidades y colegios preuniversitarios en todo el país. La campaña, afirman, intenta sumar respaldo social para que el planteo llegue con fuerza a la instancia judicial.
El reclamo también se apoya en la interpretación de que la normativa vigente no estaría siendo aplicada en su totalidad. Para las familias organizadas, la falta de cumplimiento efectivo genera incertidumbre en el sistema educativo y afecta la planificación de las instituciones, especialmente en un contexto económico complejo.
Los impulsores de la iniciativa destacan además que el movimiento surgió de manera autoconvocada, sin pertenencia partidaria ni vinculación con estructuras gremiales. Subrayan que se trata de una organización construida desde las propias familias, con participación de distintos puntos del país y con el foco puesto en la defensa de la educación pública.
En paralelo, el reclamo suma adhesiones en distintas universidades nacionales, donde se replica la preocupación por el financiamiento y las condiciones de funcionamiento. La estrategia de reunir un millón de firmas apunta a fortalecer el pedido formal ante la Corte y generar una presión institucional que derive en el cumplimiento de la ley.
Mientras tanto, en Salta, la participación del IEM y su comunidad educativa refuerza la presencia local de una iniciativa que ya tomó carácter federal. El objetivo inmediato es seguir sumando apoyos y consolidar una base de firmas que permita sostener el reclamo en el máximo tribunal del país.
